A dos semanas de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en ataques de la policía, el hallazgo de más fosas clandestinas donde se teme que estén enterrados los jóvenes han dejado poco lugar a las esperanzas de encontrarlos con vida.
La identificación de los cuerpos hallados en la ciudad de Iguala puede demorarse días o semanas debido a su alto estado de carbonización. Pero la confesión de varios detenidos de que allí enterraron a jóvenes apuntan a que finalmente fueron asesinados tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del cartel local Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre.
Las sospechas sobre los responsables de ordenar este ataque que ha conmocionado a México se dirigen hacia el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes.
Uno de los últimos detenidos del caso es Salomón Pineda alias «El Molón», hermano de la esposa del alcalde y presunto miembro de Guerreros Unidos, quien confesó ser uno de los autores materiales del crimen, señaló este viernes el fiscal general, Jesús Murillo Karam, a la emisora MVS Radio.
La detención de «El Molón» y de otras tres personas llevó a los investigadores hacia cuatro nuevas fosas clandestinas con cuerpos, ubicadas en una zona montañosa cercana a Iguala, donde Pineda aseguró que se enterró a estudiantes.
El pasado fin de semana fueron halladas otras cinco fosas con 28 cadáveres que aún están siendo identificados, localizadas donde otros dos sicarios también aseguran haber enterrado a estudiantes asesinados. En una sexta fosa no se halló cuerpos, precisó el fiscal este viernes.
Sin embargo, las autoridades piden esperar al fin de los peritajes de los cuerpos, en los que colaboran forenses independientes argentinos, para confirmar la muerte de los estudiantes. Las familias se resisten a perder la esperanza y aseguran que sus hijos siguen en manos de policías de Iguala que están fugitivos.
Hay cerca de 40 detenidos por este caso, entre ellos al menos 26 policías municipales.
María de los Ángeles Pineda fue señalada en un reporte de inteligencia como quien ordenó al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía pronunciar ese día.
Los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa.
Además, la fiscalía de Guerrero acusó al alcalde de permanecer esa noche en una fiesta en lugar de intentar frenar el ataque de sus policías y sicarios contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.
El caso de Iguala, cuya policía municipal fue relevada en bloque por fuerzas federales, volvió a desnudar la profunda infiltración del narcotráfico en México en un caso que también ha repercutido en el exterior, con reclamos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos para que se clarifique.
Naciones Unidas recalcó el viernes que esta investigación probará la voluntad del Estado mexicano para respetar los derechos humanos y acabar con la impunidad en el país, donde el 93% de los delitos y el 80% de los homicidios quedan sin resolver.
Peña Nieto prometió que castigará a los culpables de un crimen que tachó de «acto de barbarie». Entretanto, las fuerzas de seguridad mexicanas también han estado en el centro de la polémica por la muerte de 22 presuntos secuestradores a manos de militares en el marco de un enfrentamiento en junio en Tlatlaya.