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‘Hice lo que debía hacer’

El juez español Baltasar Garzón respondió al primer interrogatorio en el juicio abierto en su contra por el intento de investigar los crímenes del franquismo.

31 de enero de 2012 - 05:20 p. m.
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“Hice lo que creí que debía hacer, no es cuestión de ideología. Los jueces no estamos para ideologías. Había miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”. El juez Baltasar Garzón descartó así, durante el interrogatorio de su defensor, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que sus ideas políticas hubiesen influido en la investigación de los crímenes del franquismo.

Garzón afirmó tajantemente que no autorizó ninguna exhumación en el tiempo que estuvo investigando los crímenes del franquismo. “Desde diciembre de 2006 a 2008 no autoricé ni una sola exhumación. Expresamente se dijo que no se autorizaba ninguna exhumación hasta que no quedase determinada la competencia”.

El juez imputado manifestó con voz segura y firme que en la Audiencia Nacional, concretamente en el Juzgado Central 2, se seguía un proceso contra nazis que aún hoy se tramita a petición del fiscal y que afecta a hechos de 1942 a 1944 referidos a campos de concentración.

Garzón justificó su actuación de investigar el franquismo en la doctrina de la propia Sala Penal del Supremo en el caso de Adolfo Scilingo, el argentino que participó en los vuelos de la muerte y a quien el juez procesó y fue condenado en España.

A preguntas de su defensor, Garzón relató que en diciembre de 2006 llegó a su juzgado la primera denuncia y posteriormente se presentaron más. “Relataban hechos acontecidos durante y después de la Guerra Civil, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas… hechos con apariencia delictiva de crímenes contra la humanidad. Posteriormente hubo otras, y en septiembre de 2008, también por casos de menores desaparecidos hasta el día de hoy”.

El proceso de ratificación de esas denuncias se prolongó dos años. Durante ese tiempo, Garzón dictó “una serie de proveídos” para resolver la competencia. “En todas y cada una de esas providencias no hubo ningún recurso del fiscal”, siguió el juez imputado, hasta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso el 21 de octubre de 2008 un recurso de apelación directo contra el auto de Garzón declarándose competente para investigar las denuncias.

Durante la investigación, dijo Garzón, “llegué a la conclusión de que no había datos de desaparecidos a nivel nacional, absolutamente ninguno”. Por eso se dirigió a los denunciantes, a los que pidió que elaboraran un listado completo. En octubre de 2008 le dieron el número de 114.000 casos de desaparecidos sin vinculación con la Guerra Civil. El 16 de octubre de 2008 se declaró competente: “La resolución viene a establecer uno de los hechos a que se contrae la investigación: un plan sistemático de detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, por parte de algunos procedentes de Falange (partido de la ultraderecha). Consideré que los hechos podían ser delictivos y que integraban el delito de desaparición forzada, que persiste en el tiempo”, explicó el acusado.

En aquel auto pidió que se aportaran los certificados de defunción del general Francisco Franco y de otras 44 figuras del régimen “para poder declarar la extinción de la responsabilidad penal y las posibles reclamaciones civiles por hechos delictivos con responsabilidad civil extinguida por fallecimiento”, continuó Garzón.

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El juez negó que hubiera querido saltarse la Ley de Amnistía. “No es cierto, eso no se sostiene”, aseguró ante la principal imputación que le hizo el juez instructor Luciano Varela. Garzón explicó que el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido tiene efectos que permanecen en el tiempo: “La Ley de Amnistía se refiere a hechos o delitos de contenido jurídico. En ningún caso, a crímenes contra la humanidad, que son los que se denuncian y que no pueden tener carácter político de ningún tipo”.

Garzón concluyó el interrogatorio asegurando que no incurrió en un delito de prevaricación, es decir, que no adoptó una resolución injusta a sabiendas: “Siempre he respetado las normas. Interpreté las normas legales en vigor, nacionales e internacionales, y lo consideré ajustado a la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos. Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible. Es lo que hice, acertadamente o no, y hoy me ratifico”.

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