Lo que está sucediendo en Honduras es insólito: el país tiene dos presidentes, pero ninguno está en el poder; el próximo domingo serán las elecciones para escoger a un nuevo mandatario, pero gran parte de la comunidad internacional, a excepción de Estados Unidos, no reconocerá al ganador; el acuerdo, supuesta solución a la crisis política, fue ignorado por las partes —ambas del mismo partido político— y hoy el país está sumido en un vacío legal sin precedentes. Lo más absurdo para los hondureños, según lo expresan en las emisoras, es que el presidente de facto, Roberto Micheletti, se retire del poder durante cinco días, mientras que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, siga exigiendo ser restituido.
Según el Acuerdo de San José, firmado por la presión que ejerció Washington, la restitución de Manuel Zelaya sería estudiada por el Congreso. Aunque no se establecieron plazos, se suponía que todo debería ser resuelto antes de las elecciones. Pero no, el Congreso debatirá este puntohastas el 2 de diciembre, tres días después del proceso electoral.
Para agravar aún más la situación, en otra decisión absurda, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó que el depuesto presidente no puede ser restituido si no se somete a los juicios que tiene pendientes. Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover su reelección el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país.