En enero de 2018, Honduras aprobó un nuevo Código Penal, tras una discusión de 18 meses; tras el visto bueno, las normas fueron sometidas a escrutinio público por parte de varios sectores del país: académicos y estudiantes, entre otros.
En medio de la emergencia nacional que afronta Honduras por cuenta de la pandemia de COVID-19, el Congreso, aprobó el nuevo Código que comienza a regir hoy y que ha generado amplia polémica por algunos puntos que no fueron modificados, a pesar de las críticas. El Congreso había dispuesto el 9 de mayo -por tercera vez y a pedido de organizaciones civiles- el aplazamiento por 45 días de la vigencia del nuevo código, plazo que se cumplió este jueves.
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El Código Penal es rechazado por la oposición, que considera que blinda a los políticos de cargos de corrupción y narcotráfico, pues baja las penas para esos delitos.
Una decena de organizaciones civiles habían pedido al Congreso a través de una «iniciativa ciudadana», la «no entrada en vigencia» de la norma, pues «vendrá a generar mayor impunidad para los delitos de cuello blanco».
La diputada Doris Gutiérrez, del opositor Partido Innovación y Unidad, dijo a la AFP que el nuevo código “no puede entrar en vigencia” porque “la Constitución establece que no se pueden aplicar nuevas penas en un estado de excepción”, aludiendo al toque de queda por la pandemia de COVID-19.
El gobierno de Honduras decretó el 15 de marzo un toque de queda nacional para obligar el confinamiento de población para contener la propagación del coronavirus.
Gutiérrez participó el miércoles en una sesión virtual del Congreso en la que participaron 67 de los 128 diputados que aprobó simbólicamente una resolución para derogar el nuevo código penal.
Con el nuevo código «se están autoblindando los diputados», políticos y empresarios «que fueron acusados de corrupción y narcotráfico» porque se bajan las penas para esos delitos, señaló la legisladora.
La fiscalía, con la ayuda de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH, ente creado por la Organización de Estados Americanos), acusó o investigó a unos 60 legisladores por desvío de fondos públicos a cuentas personales.
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Con el nuevo código, los tribunales penales deben abandonar los casos, que antes pasarán antes a la jurisdicción civil.
Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández canceló el tratado de la MACCIH con el argumento de que los señalamientos públicos violaban la «presunción de inocencia» de los acusados.
Altos funcionarios del gobierno hondureño han sido vinculados con el narcotráfico, uno de ellos el exdiputado oficialista Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente.
“Tony” Hernández, quien fue juzgado en un tribunal de Nueva York, aguarda que se dicte sentencia en su contra, que podría llegar a cadena perpetua como “narcotraficante a gran escala”.
Sin embargo, la prensa hondureña destacó también algunos puntos del nuevo Código Penal como:
El femicidio tiene pena de hasta 25 años y con proyecto de reforma podría llegar hasta 40 años, la malversación de caudales públicos se castiga con prisión de hasta 15 años, el secuestro se castiga con prisión de hasta 20 años y alcanza a los 26 si el autor es funcionario público y se crea el Delito contra la mujer, el que se castiga con prisión de hasta 8 años, entre otros.