Todo comenzó el pasado 20 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de India decidió enmendar la ley de Prevención de Atrocidades, una de las líneas de defensa más importantes para las comunidades más vulnerables del país.
Puntualmente, se modificó uno de los artículos que castiga los insultos contra los miembros de castas bajas y establece que los presuntos culpables no pueden beneficiarse de una fianza. Al supremo, la norma «le roba a una persona la libertad meramente bajo la palabra del demandante».
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El sistema de castas en India tiene origen en las creencias religiosas hinduistas y divide a la población en cinco grupos: la casta sacerdotal, los dirigentes o administradores, los comerciantes y los obreros o campesinos. Por debajo de todos ellos están los dalits, o intocables, una clase sometida a todo tipo de discriminación y que realiza los trabajos menos apetecidos, como limpiar alcantarillados o recoger excrementos humanos en las calles.
Aunque la Constitución de India no contempla las distinciones de castas, la situación de la comunidad dalit no ha mejorado: Según cifras de Amnistía Internacional, desde 2016 se registraron 139 casos de violencia contra la comunidad dalit y 319 desde 2016.
Para Prakash Yashwant Ambedkar, abogado y político a favor de la casta de los intocables, las reformas del Supremo disminuyen la “contundencia de la ley”, pues estableces que antes del arresto deberá llevarse a cabo una investigación policial, lo que reduce el poder de «amenaza» contra estos delitos que existía previamente.
Las protestas no se hicieron esperar y sacudieron a todo el país. El llamamiento general de la comunidad intocable a la protesta impactó sobre todo en los estados septentrionales de Bihar y Uttar Pradesh, los occidentales de Rajastán y Punyab y el central de Madhya Pradesh.
En este último los enfrentamientos se saldaron con la muerte de cinco personas, según la agencia india IANS.
Un portavoz de la policía regional que pidió el anonimato indicó a Efe que en ese estado se registraron choques con lanzamientos de piedras entre manifestantes y comerciantes, después de que algunos se negaran a cerrar sus establecimientos durante la protesta.
En Uttar Pradesh, las protestas causaron dos muertos y al menos una treintena de heridos, dijo a Efe el subdirector general de la Policía para la Ley y el Orden, Anand Kumar, quien precisó que las víctimas fallecieron en una riña entre manifestantes y no por fuego de las fuerzas de seguridad.
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«Durante un par de horas la vida normal estuvo paralizada, pero las cosas fueron controladas muy pronto con el despliegue de la Policía y las medidas tomadas» por las fuerzas del orden, apuntó la fuente.
En Rajastán, el estado con mayor población dalit, se produjeron incidentes «en todos los distritos», como incendios de vehículos y enfrentamientos con piedras entre partidarios y detractores de la protesta, explicó a Efe el subinspector general adjunto de la Policía regional, N. Ravindra Kumar Reddy.
En medio del caos, El ministro indio de Justicia, Ravi Shankar Prasad, aseguró que el Gobierno presentó hoy ante el Tribunal Supremo una petición para que sea revisada la decisión judicial.