Una corte federal acaba de ordenar al gobierno de Estados Unidos que revele los videos en los que se registran las torturas que sufrió durante sus interrogatorios Mohammed al-Qahtani, acusado de ser parte de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y quien cumple siete años de prisión en Guantánamo. Después de que Susan J. Crawford, directora de la comisión militar en el controvertido centro penitenciario, revelara ante los medios de comunicación dichos abusos, Rosemary Collyer, jueza que lleva el caso, emitió una orden para que las pruebas salieran a la luz. Dicha ordenanza pone en aprietos a la administración Obama, la cual se ha opuesto a que este tipo de casos lleguen a los tribunales.
Hasta el momento todos aquellos que demandaron al gobierno Bush por casos de tortura, detenciones extrajudiciales e interceptación ilegal de comunicaciones no han tenido éxito. El gobierno invocó reiteradamente el privilegio de “secreto de Estado” para archivar cualquier tipo de demanda, argumentando que las pruebas en cuestión ponían en riesgo la seguridad nacional.
En medio de su campaña presidencial, el hoy presidente Obama prometió blindar a la justicia de este tipo de ventanas de impunidad. Sin embargo, sus acciones muestran lo contrario. La semana pasada, el fiscal general, Eric Holder, profirió una normatividad en la materia, dando mayor rigurosidad a la hora de aplicar la controvertida ley. “Invocaremos esta disposición sólo cuando sea estrictamente necesaria”, dijo Holder en el comunicado.
Pero, ¿quién decide qué es un ‘secreto de Estado’ y qué tan riesgosa es cierta información para la seguridad nacional? Hasta hoy, ninguna de las demandas instauradas en cortes estadounidenses por tortura, desapariciones y violaciones a la privacidad a manos de agencias del Estado ha llegado a una corte federal por esta ley.
“Es crítico que el derecho de conseguir justicia por parte de las víctimas esté en manos de los jueces y no en las de la Rama Ejecutiva”, explica Ben Wizner, director del proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien añade “que el director de la CIA sigue teniendo la potestad de solicitar, con la aprobación del fiscal, que el delito del que se le acusa a su entidad sea archivado por razones de seguridad nacional no es el mensaje que todos esperábamos de un gobierno que prometió transparencia”.
Ahora hay que esperar a que el gobierno y las agencias de inteligencia revisen las cintas de Mohammed al-Qahtani e indiquen si invocan el controvertido recurso. Defensores de derechos humanos esperan que esto no ocurra, pues se confirmaría que las élites políticas y militares siguen siendo inmunes ante la ley.