Dos bandos de hombres armados pelean a puñetazos y empujones tratando de arrebatarse los fusiles de las manos. Unos son corpulentos, van uniformados y portan grandes armas automáticas: son la policía municipal de Titxla (un pueblo de 22.000 habitantes en el Estado de Guerrero, en la costa del Pacífico de México). Los otros son menudos, visten camisetas verde olivo y lucen –en su mayoría– viejas escopetas: son miembros del grupo de autodefensa indígena conocidos como policía comunitaria. Unos y otros se insultan, se amenazan y forcejean de forma agresiva pero, extrañamente nadie dispara. Finalmente los escasos oficiales no pueden contener a los cientos de comuneros, que tomaban el ayuntamiento durante cinco horas para exigir la liberación de sus compañeros detenidos. Ante el caos de la trifulca, la gente del pueblo entra en pánico y huye, excepto el periodista que grabó este video. “Estuvieron a punto de acabar a balazos”, cuenta Jorge García, asesor del ayuntamiento.
La situación es la siguiente: en los pueblos de la región Guerrero, los narcos controlan la justicia a su antojo; roban, matan, secuestran y extorsionan a la gente pidiéndoles dinero a cambio de seguridad. “La policía nunca actuó contra ellos. Por eso se formaron los grupos de autodefensa. Tomaron las armas, les plantaron cara y hoy les mantienen a raya”, cuenta el periodista Bernardo Torres de la Agencia de Noticias Guerrero. Según cifras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), formada en 1995, la delincuencia ha disminuido un 90% desde que ellos cuidan de pueblos como Olinalá, Tixtla o Ayutla. Sin embargo no todo es paz y tranquilidad en estos lugares. Desde hace meses los comuneros mantienen continuos enfrentamientos contra la policía y el ejército.
«Yo no le tengo miedo a los sicarios o a la delincuencia organizada, yo le tengo miedo al Gobierno, que el Gobierno me desaparezca (…) Ellos son los que nos están atacando”. Estas palabras –reproducidas por la web Caminante TV– de la líder comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, definen por sí mismas el recelo mutuo entre las autoridades y los grupos de autodefensa. En agosto pasado, cientos de militares llegaron a la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Ayutla los Libres y detuvieron a 20 comunitarios. Entre ellos estaba la citada Nestora Salgado, que el día 27 fue acusada del secuestro de seis personas y encarcelada por la Fiscalía.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, amenazó con imponer un decreto para acabar con las autodefensas. Por su parte, el líder de los comunitarios de Tixtla, Gonzalo Molina, amenazó con incrementar los ataques si no se libera a sus compañeros: “El Gobierno ha secuestrado a Nestora Salgado y pensamos que la están torturando y que por eso no la quieren presentar ante los medios”. Desde entonces, hasta hoy, Salgado ha permanecido presa.
Para los partidarios de las autodefensas indígenas es natural que la gente se organice contra la violencia de los narcos y la negligencia policial. Para otros, como el periodista Sergio González Rodríguez (cronista y autor de libros como Huesos en el desierto, 2004) el tema es más complejo: “En este tema confluyen tres inercias: Una, la falta sistemática de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Dos, el poder corruptor de los carteles de las drogas. Y tres, la ideología contra-institucional afín al comunismo revolucionario. El surgimiento de las ‘auto-defensas comunitarias’ representa una vertiente de la paramilitarización regional que delata la crisis del sistema político”.
Varios habitantes de Guerrero aseguran que la situación se está tornando insostenible desde hace varios meses. Incluso las ONGs tienen problemas para entrar a los municipios a entregar ayuda humanitaria.
Los miembros de la CRAC tampoco se prestan a hacer declaraciones a periodistas desconocidos: “Ciertamente el Gobierno está reprimiendo a varios compañeros inocentes que brindan seguridad a su población y a su familia”, dice un comunitario que responde al teléfono. Después cuelga.
Jorge García, asesor del ayuntamiento de Tixtla, reconoce que desde el principio la gente apoyaba a las autodefensas, “pero con este tipo de comportamientos solo causan pánico y caos, justamente lo que pretenden combatir. ¡No se dan cuenta de que estamos en el mismo bando!”. Según Bernardo Torres, periodista de Chilpancingo, a pesar de todo, la gente sigue apoyando a los comunitario
Tras la humillación de agosto de los policías en Tixtla, el Ejército pasó al contraataque. El día 27 de dicho mes, en el municipio guerrerense de Cruz Grande, cientos de militares llegaron con tanquetas y furgones y acorralaron y desarmaron a un centenar de comunitarios. En esa ocasión, según muestra el video de Milenio, los soldados uniformados de camuflaje forcejearon con los comunitarios a golpes, pero sin tiros. Los mismos empujones y aspavientos de patio de colegio que en el asalto de Tixtla, la misma forma torpe y casi infantil de ganar una pelea sin matarse en el intento. Mientras, el enemigo común –el narco– sigue campando a sus anchas por el estado de Guerrero. Y contra ellos no sirven los empujones ni los puñetazos.