La huida a Brasil de un senador boliviano al que el gobierno de Evo Morales considera un “criminal” complicó las ya difíciles relaciones entre ambos países, pues según el país andino podría tratarse de una vulneración de la soberanía boliviana por parte de funcionarios brasileños.
El senador Roger Pinto había estado viviendo en la embajada brasileña en La Paz a causa de la negativa del gobierno boliviano a concederle un salvoconducto que le permitiera viajar a Brasil, donde se le había dado asilo político. El pasado viernes, aprovechando una noche particularmente fría y lluviosa en La Paz, que al parecer ahuyentó a los vigilantes bolivianos que rodeaban la embajada, Pinto escapó de un encierro de 454 días en un vehículo brasileño, acompañado por militares de este país, según reveló a la prensa el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del senado, Ricardo Ferraço.
Veintidós horas después, y luego de atravesar buena parte de Bolivia y de cruzar la frontera, Pinto arribó a Corumbá, donde lo recogió Ferraço para llevarlo a Brasilia.
Este senador brasileño —opositor a Dilma Rousseff— apareció así liderando una operación que, al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de su país, Antonio Patriota, parecía ignorar. Según la prensa local, Patriota tuvo que suspender un viaje a Finlandia y sostuvo una reunión de emergencia a causa de la crisis con el asesor para Bolivia, Marco Aurelio García. Horas después renunció, tras la petición de la presidenta Rousseff, que considera inaceptable que el senador Roger Pinto haya salido de Bolivia y llegado a Brasil sin un salvoconducto del gobierno de Evo Morales. En lugar de Patriota, asumirá la cancillería el hasta ahora representante de Brasil ante la ONU, Luiz Alberto Figueiredo.
Al mismo tiempo, Ytamaraty, que es como se llama al Ministerio de Exteriores brasileño por el nombre del edificio en que está su sede, difundió un comunicado oficial en el que anuncia que iniciará una investigación sobre lo sucedido, a fin de “tomar las medidas administrativas y disciplinarias pertinentes”. Quien tendrá que responder por la salida clandestina de Pinto es el encargado de Negocios, Eduardo Saboia, que en este momento representa a Brasil en La Paz debido al proceso de sustitución del anterior embajador, Marcel Biato, cuyo reemplazo fue precipitado, entre otras cosas por el “asilo no consumado” de Pinto.
El 28 de mayo de 2012, Biato aceptó que Pinto se refugiara en su embajada mientras legisladores de la oposición brasileña, como Ferraço, tramitaban y obtenían su asilo, lo que sentó muy mal al gobierno de Morales. Posteriormente, las relaciones bilaterales fueron de mal en peor. La muerte de un niño boliviano durante un partido de fútbol, por el impacto de una bengala lanzada desde la tribuna del visitante Corinthians de São Paulo, acabó en la detención en una fría cárcel del altiplano de más de una decena de hinchas de este equipo, lo que ofendió a los brasileños de a pie.
Mientras Brasil no emita un informe final, no estará claro si puede responsabilizarse de lo sucedido al Gobierno o a algunos funcionarios diplomáticos brasileños alentados por la oposición a Rousseff, que es fuertemente contraria a Morales y tiene vínculos con las élites de las regiones más orientales de Bolivia.