Martín no recuerda bien cuándo comenzó a dudar sobre su origen, cuándo se dio cuenta de que su apellido podía no ser realmente aquel con el que lo habían anotado 29 años atrás en el registro civil. A este joven argentino lo alertaba el hecho de haber nacido en Campo de Mayo, un hospital militar en el que muchos jóvenes de su generación fueron registrados después de haber sido robados a sus madres, durante la última dictadura militar, a finales de la década del 70.
Las dudas lo llevaron a hacerse unos estudios de sangre hace dos años en la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, con resultados negativos. Sin embargo, para fortuna de Martín, hace cerca de un mes la organización Abuelas de Plaza de Mayo —creada hace 32 años con el fin de encontrar aquellos bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura— recibió información de un militar que decidió confesar la detención de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla en Campo de Mayo en 1980, con un ingrediente particular: ella estaba embarazada y había tenido a su bebé dentro del hospital. Casi simultáneamente recibieron información de una ex liberada, confirmando que Marcela había tenido el bebé antes de que los militares la asesinaran.
Ante las evidencias, el grupo de Abuelas pidió a las familias MoMolfino y Amarilla pruebas de sangre. “Había que buscar a ese nieto”, cuenta hoy orgullosa de su trabajo Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la organización. Tras los análisis respectivos, el Banco detectó que ese nieto existía, que se llamaba Martín y que no hace mucho había acudido por sus propios medios buscando su identidad.
“Para mí era un caso cerrado. Hacía dos años que había hecho las pruebas. Por eso, cuando me llamaron de Abuelas hace unas semanas me quedé mudo. Tuve una sensación que se intuye”, cuenta ahora Martín Amarilla, quien intenta hacerse a la idea de estar con su verdadera familia.
El caso 100
Martín es el caso número 98 de nietos que han podido recuperar su identidad. El caso 99 se conoció pocos días después del encuentro de la familia Amarilla. Desafortunadamente, se trató del hallazgo de los restos de una niña de 14 años, secuestrada junto a sus padres y asesinada tres meses después.
Ahora, las miradas se dirigen sobre Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo de medios Clarín, y sus hijos adoptivos Marcela y Felipe, quienes hoy tienen 33 años.
En 1995, un ex empleado de Clarín decidió acudir a la justicia para denunciar la posible irregularidad en el trámite de adopción de Marcela y Felipe. Según el testimonio de la propia dueña de Clarín, un día de mayo de 1976, tras atender el timbre de su casa, se encontró con una bebé que habían dejado abandonada dentro de una caja, en la puerta de su residencia. A los pocos días acudió al Juzgado de Menores de San Isidro para inscribirla como su hija. Estando allí se enteró que pocos días atrás otra persona había dejado abandonado a su hijo porque no tenía los medios para criarlo y decidió adoptarlo también. Las inconsistencias de esta versión condujeron a la justicia a determinar la ilegalidad de la inscripción de Marcela y Felipe.
Según declaraciones de José Pirillo, ex dueño del diario La Razón, fue Héctor Magnetto, gerente del grupo Clarín, quien personalmente hizo las gestiones para que el dictador “Videla le consiguiera los chicos”. El periodista Pablo Llonto en su libro La noble Ernestina habla además de partidas adulteradas, fechas cambiadas, números que no concuerdan y una serie de inexactitudes que llevaron a que en 2002 se procesara a la viuda de Noble por falsificación de la adopción de sus hijos Marcela y Felipe.
La dueña del grupo Clarín no ha desmentido ninguna versión. Se ha defendido ante la justicia para intentar probar la legalidad del trámite de adopción y se ha negado consistentemente a que sus hijos se hagan los exámenes de sangre que determinarían si son o no hijos de desaparecidos. Marcela y Felipe nunca han hablado y su opinión sobre el tema tan sólo ha sido conocida por medio de sus abogados.
La última iniciativa gestionada por Abuelas de Plaza de Mayo, con apoyo del gobierno, ha sido criticada por los distintos medios de comunicación del grupo Clarín y calificada como una argucia más del matrimonio Kirchner en su conocido enfrentamiento con los medios argentinos. Se trata de la reciente ley votada por el Senado argentino, que autoriza a la justicia a ordenar la toma obligatoria de muestras biológicas para determinar la identidad de personas en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.
La ley, como cuenta Barnes de Carlotto, permitirá que se resuelvan no sólo los casos de Marcela y Felipe, sino los más de 400 que la organización tiene registrados en sus archivos. “Por fin recuperaremos a nuestros nietos”, dice esta esperanzada abuela quien también desde hace 32 años espera a Guido, el bebé que su hija secuestrada dio a luz.