Cuando el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se enteró de que el fiscal general, Pedro Chávarry, había removido de su cargo a Rafael Vela y José Domingo Pérez, dos de los fiscales claves en la investigación del caso Odebrecht justo la última noche del año, anunció, a modo de reclamo, que presentaría un proyecto de ley ante el Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público.
Sin embargo, la presión de diferentes sectores políticos en contra del polémico fiscal fue tal, que, mientras el mandatario llegaba a presentar el documento, la Fiscalía emitía un comunicado retractando su decisión y devolviendo a su cargo a los funcionarios.
La reposición de estos dos fiscales de lavados de activos resultó tan sorprendente como su arbitrario despido, a cuatro horas del final del año 2018, pero evidencia la guerra dentro del Ministerio Público, en donde se han denunciado varias maniobras para favorecer al fujimorismo.
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El cese de Vela y Pérez es el último episodio en el que se ha visto implicado Chávarry, quien ha sido acusado de encubrimiento a dirigentes políticos investigados por el caso Odebrecht.
La situación dentro de la Fiscalía es tan grave desde que llegó Chávarry, en junio de 2018, que en agosto pasado el congresista Marco Arana, de Frente Amplio, presentó un proyecto similar al que quería mostrar Vizcarra para declarar en emergencia dicha entidad.
Un proyecto que hoy, 90 días después, nunca fue debatido en las comisiones de Constitución y Justicia, aun cuando el reglamento fija un plazo máximo de 60 días hábiles para hacerlo.
El último capítulo de los conflictos internos de la institución peruana empezaba hace más de una semana, cuando el fiscal José Domingo Pérez solicitó denunciar a Chávarry por encubrimiento y obstruir las investigaciones contra Odebrecht y Keiko Fujimori. Chávarry está siendo investigado por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura conocida como “Los cuellos blancos del puerto”.
No es la única sombra de duda sobre el fiscal. Chávarry es cuestionado severamente porque se considera que el cese de Vela y Pérez tenía la intención de boicotear un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la Fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores. El pacto entrará en vigencia el próximo 11 de enero.
Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez advirtieron que esa decisión supone la toma de la Fiscalía por parte de la cúpula de Fuerza Popular, a la que definen como una organización criminal.
Vela había acusado a Chávarry de inmiscuirse, afectar y hostigar las investigaciones al punto de llegar a destituirlos por no facilitarle el acuerdo con Odebrecht al estar impedidos por tratarse de un documento reservado. “Los argumentos expuestos son solo una justificación, una apariencia de legalidad que ha buscado afectar el convenio de colaboración eficaz, entendimiento al que habíamos llegado dentro de una serie de negociaciones bastante complejas”.
La decisión de sacar a los funcionarios no era de poca monta. Solo el equipo que dirigía Vela tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidosy ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016),quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011),quien buscó asilo en la embajada de Uruguay y le fue denegada, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
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A pesar de que Chávarry echó para atrás la destitución de los dos fiscales, Vizcarra entregó el proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público. “El proyecto de ley está presentado y ya ingresó al Congreso”, declaró el mandatario.
Vizcarra dijo que el pedido de intervenir en el Ministerio Público es respaldado también por el Poder Judicial, así como por gobernadores regionales y alcaldes del país. “Es ese tipo de decisiones en las que existe el consenso de todos”, remarcó.
Ante el escándalo, la propia líder opositora, Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva, pidió a su bancada en el Congreso apoyar el pedido de Vizcarra. “Es necesario iniciar una reforma integral de una institución que es fundamental para una correcta administración de justicia”, indicó Fujimori en Twitter.
En Brasil, el equipo de fiscales que investigan el caso Lava Jato, más conocido como Odebrecht, advirtió que si hubiera efectuado la remoción de los fiscales, se hubiera puesto “un peligroso precedente latinoamericano para el trabajo independiente e imparcial de otros investigadores”.