“Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces [los soldados] dijeron: ‘¿No que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron”. Extracto del testimonio de “Julia” publicado por Esquire en septiembre de 2014.
El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, al sur del estado de México, siete elementos del Ejército se enfrentaron a un grupo de supuestos criminales. El saldo después de dos horas de enfrentamiento fue de 22 civiles muertos y un militar herido. El incidente se reportó en los medios de comunicación al igual que la noticia de que en el enfrentamiento habrían sido liberadas tres mujeres que estaban secuestradas.
De acuerdo con la información proporcionada en ese momento por la Secretaría de la Defensa, los presuntos delincuentes custodiaban una bodega en donde tenían armas y municiones. Durante una labor de reconocimiento, los militares fueron atacados y respondieron en esa medida. Sin embargo, el 8 de julio, en un reportaje de la agencia Associated Press, la versión dada por el Gobierno fue puesta en duda. De acuerdo con el reportaje, existen pocos agujeros de balas, lo que contradice la versión de los militares. Igualmente, miembros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU visitaron la bodega donde ocurrieron los hechos e indicaron que no encontraron signos de balas perdidas, las cuales son comunes en este tipo de enfrentamientos.
Finalmente, Esquire publicó un adelanto de un reportaje que saldrá al público en octubre donde “Julia”, una testigo que cambió su nombre, asegura que lo sucedido en la bodega fue en realidad una ejecución extrajudicial donde el Ejército asesinó a 22 personas.
De confirmarse lo anterior, se trataría de una violación grave de derechos humanos, la cual traería responsabilidad nacional e internacional al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio pasado, el Gobierno fue acusado por organizaciones defensoras de derechos humanos por violaciones cometidas por el Ejército y la Marina. Inclusive, un grupo de abogados buscó que Felipe Calderón fuera condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Si bien estos esfuerzos no tuvieron eco en los organismos internacionales, sentaron un precedente que podría repetirse con Peña Nieto.
Human Rights Watch, por ejemplo, declaró que, de ser cierto lo expuesto por Esquire, se estaría frente a la peor masacre del sexenio. Dentro de las personas que fallecieron se encontraba una joven de 15 años. De acuerdo con lo que declaró su madre a la agencia Associated Press, los militares le habían disparado en la rodilla para después darle la vuelta a su cuerpo y dispararle varias veces en el pecho hasta matarla.
Sin embargo, las autoridades no han dado claridad acerca de lo ocurrido. El 15 de julio la Procuraduría del estado de México dio a conocer en un comunicado que no existía ningún indicio por el que se pudiera pensar que se tratara de una ejecución. “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La Procuraduría General de la República declaró que se trataba de una investigación abierta.
No obstante, el jueves en la noche se anunció que los militares que participaron en el enfrentamiento han sido presentados ante las autoridades militares para que declaren acerca de lo sucedido. Un teniente y siete soldados implicados en la operación fueron detenidos y puestos a disposición de un tribunal castrense por su presunta responsabilidad en “delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes”. El desenlace judicial por ahora es incierto. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará en seis semanas los resultados de la investigación que está realizando.
A partir de 2011, a raíz de reformas constitucionales, México ha dado un gran paso en la protección de los derechos humanos. Por una parte, los tratados internacionales fueron elevados a rango constitucional y, por la otra, las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército serán juzgadas por tribunales civiles. El presidente Peña Nieto presentó el 25 de junio un Programa de Derechos Humanos 2014-2018, que entre otras cosas busca lograr la implementación de estas reformas.
El caso de la posible ejecución en Tlatlaya representa un reto para las instituciones mexicanas que deberán aplicar estas reformas. En concreto, el presidente declaró en su reciente informe de gobierno que se habían reducido las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Fuerzas Armadas, lo cual fue presentado como un logro de su administración. Lamentablemente, ahora hace falta saber cuál será la reacción del Ejecutivo en caso de que se confirme que 22 civiles fueron asesinados por el Ejército.
@marcealguerra