Bolivia es un país que marcha. Los movimientos sociales, indígenas, obreros, cocaleros y trabajadores, se han valido de las manifestaciones para oponerse o apoyar medidas gubernamentales, o al gobierno mismo. El actual presidente, Evo Morales, viene de ahí, y sabe de eso. El indígena marchó con los cocaleros y organizó bloqueos campesinos. Así se opuso a muchas medidas gubernamentales y evidenció su liderazgo que lo llevó al poder.
A eso, a marchar, iban cientos de campesinos durante la madrugada del jueves 11 de septiembre: para protestar contra la toma violenta de instituciones públicas, impulsada por Leopoldo Fernández, prefecto de la provincia de Pando.
La noche anterior, buena parte del país se había acostado con un sabor dulce en la boca. La selección boliviana de fútbol había conseguido un “sorprendente” y “reconfortante” empate 0-0, frente a Brasil, en el propio patio carioca. Pero el despertar del país no podía ser más amargo. Según los testimonios, la marcha de los campesinos fue emboscada a la altura del puente sobre el río Tahuamanu, municipio Porvenir, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital de Pando.
“Fuimos emboscados a las tres de la mañana, en la comunidad de Tres Barracas”, afirma Rosa Lucía Alpire, una campesina sobreviviente de la masacre, quien agrega que “la policía permitió que nos barrieran a bala con ametralladoras, escopetas, revólveres, gases y con todo lo que tenían. Habían contratado brasileños”.
Ante los señalamientos, el prefecto Fernández se preguntaba y se respondía: “¿Sicarios brasileños? Eso es un embuste del gobierno”. Pero con el paso de los días se conocen las dimensiones de la masacre. El ministro Alfredo Rada aseguró que en los episodios de Pando murieron 15 personas, 34 fueron heridas y 106 están desaparecidas.
“En Cobija, los sectores autonomistas, que realmente son separatistas, han llegado al extremo de la barbarie, atacando en forma racista a las personas del occidente, a paceños, cochabambinos, quechuas, aymaras”, aseguró Ramiro Tapia, ministro boliviano de Salud, uno de los altos funcionarios elegido por el gobierno para hacerle frente a la situación, en entrevista con El Espectador.
Paralelamente a la masacre del Porvenir, hubo persecución en la provincia Filadelfia, también en Cobija, que aloja un centro de formación de maestros, donde va mucha gente del occidente del país. Allí han ido a matar “collas”, como despectivamente son llamados los habitantes de los departamentos occidentales.
“Tenemos relatos desgarradores”, cuenta el ministro Tapia a El Espectador. “No han respetado edades ni la clemencia que pedían las víctimas, han apaleado sin misericordia. Muchos huyeron hacia los cerros y los ríos. Tenemos 50 desaparecidos allí, no sabemos donde están. Es por eso que nuestro gobierno decretó el estado de sitio, para preservar la vida de estos compañeros”. Una medida para muchos tardía, pues mientras el Gobierno lo determinaba, las persecuciones y los asesinatos continuaban.
Unasur dio un “pleno y decidido respaldo al presidente Evo Morales” y, atendiendo el llamado del gobierno boliviano, ha determinado la creación de una comisión para investigar la masacre en Pando. “El responsable de esta acción es el señor Leopoldo Fernández como prefecto de Pando”, dice el campesino Rodrigo Medina Alipaz.
La fiscalía de Bolivia le abrió un proceso penal al prefecto Fernández, quien fue detenido en la mañana de ayer, “por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta”.