El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, envió este lunes su queja al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por pedirles que no interfirieran en las elecciones que celebrará el país el próximo 16 de junio.
«Me dirijo a usted con el fin de expresarle nuestra sorpresa y preocupación ante la declaración emitida el día lunes vía Twitter», aseguró Velásquez, que está fuera de Guatemala, en una misiva en la que dice lamentar «profundamente» tales aseveraciones sobre el organismo que dirige «sin previa consulta o acercamiento».
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Almagro, quien se reunió esta semana en Washington con la candidata a la Presidencia y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, dijo en sus redes sociales que en ese encuentro ambos hablaron sobre la importancia de garantizar unas elecciones «transparentes, con certeza jurídica y política, y que se permita el trabajo del Tribunal Supremo Electoral sin influencia de factores externos, incluida CICIG».
Torres, quien es investigada por la Fiscalía de Guatemala y por la Cicig por la presunta comisión de delitos electorales en la pasada campaña, participó en las elecciones presidenciales de 2015 perdiendo en segunda vuelta frente al actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales.
Las declaraciones de Almagro causaron revuelo y polémica en Guatemala y llevaron a Velásquez, a quien el Gobierno le ha prohibido entrar al país por representar un supuesto peligro para la seguridad nacional, a enviar esta carta en la que traza el trabajo llevado a cabo desde 2014, cuando asumió la dirección de la Comisión.
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En este sentido, mencionó el tema de la financiación electoral ilícita, uno de los fenómenos utilizados por las redes político-económicas ilegales para cometer delitos de «alta complejidad y gravedad» y por el que pidieron desaforar a Torres, una solicitud que denegó en primera instancia la Justicia pero que ha sido recurrida.
«La Comisión ha abordado el tema de forma integral por medio de la presentación de un informe temático, la propuesta de recomendaciones de reformas legales, actividades de fortalecimiento institucional con los entes competentes y el apoyo al Ministerio Público en la investigación de casos penales», aseguró.
Velásquez, que promete que la Cicig seguirá apoyado a la Fiscalía en el marco de su mandato, recordó que la Comisión, junto a cooperantes internacionales y organizaciones sociales de Guatemala, ha apoyado al Tribunal Supremo Electoral en la definición de modelos de fiscalización, instrumentos, protocolos y capacitación al personal de la nueva Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos.
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«Tal y como le fue manifestado en reunión del martes dos de abril del corriente a la señora Representante Permanente de OEA en Guatemala, quedamos a la disposición de la Organización que usted dirige para informar respecto de la misión de Cicig, su mandato, los logros alcanzados, los indicadores de desempeño, los informes presentados y los antecedentes respecto al trabajo de fortalecimiento institucional al Tribunal Supremo Electoral», agregó.
Y para concluir, Velásquez dijo que compartía con Almagro la «inquietud» y el «deseo» de que en Guatemala se desarrollen «elecciones libres, transparentes, con certeza jurídico-política» y la que todos los actores cumplan «con la responsabilidad requerida».
«En el pasado, la Organización de Estados Americanos ha desempeñado un importante papel en este sentido y confiamos en que así será en el próximo proceso electoral», concluye la misiva.
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La Fiscalía y la Cicig libran desde 2015 una cruzada contra la corrupción y han destapado múltiples casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo, a familiares del actual presidente y a el mismo Jimmy Morales.
El presidente Morales no ha renovado el mandato de la Cicig, que expira en septiembre próximo, y en agosto pasado aprovechó un viaje a Estados Unidos del jefe de este organismo, el jurista colombiano Iván Velásquez, para prohibirle que volviera a ingresar al país por ser, supuestamente, una amenaza para la seguridad nacional.