El Datafolha, uno de los más grandes institutos de investigación de Brasil, publicó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff es rechazado por el 71% de la población y, además, que el 66% de los brasileños aprueban que el parlamento empiece el proceso de “impeachment”, su retirada a la fuerza del poder. La tasa de desacuerdo con su gestión es la peor en la historia de Datafolha, que lleva a cabo esta encuesta desde el fin de la dictadura militar de Brasil, en 1985. Antes de Rousseff, Fernando Collor había alcanzado el 68% de desaprobación en septiembre de 1992, semanas antes de que sufriera el único juicio político a un presidente en la historia de América Latina.
Sólo 8% de los brasileños aprueba el gobierno de Rousseff, según el instituto. Tenía 10% en abril, en el último estudio realizado por Datafolha. También de acuerdo con el informe, sólo el 28% de la gente no quiere que la presidenta brasileña sufra juicio político.
La situación de Brasil es difícil: Michel Temer, su adjunto, admitió por primera vez que la crisis política es grave y que Brasil necesita “a alguien para reunificar” el país. La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, el partido político más grande de Brasil en número de parlamentarios y gobernadores, se peleó públicamente con Dilma después de que una investigación de la Policía Federal de Brasil lo acusara por corrupción. Durante un programa emitido la semana pasada por la televisión nacional, el expresidente Lula da Silva también aceptó que la crisis llegó al país, justo cuando en los barrios de las capitales protestaban con golpes de cacerolas contra las ventanas.
La situación de Dilma Rousseff es compleja por varias razones: desde que ganó las elecciones presidenciales en octubre del año pasado, sufre de una oposición que no parece haberse tragado la derrota en las urnas. El segundo lugar en las elecciones, el exgobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, de PSDB, partido de centro-derecha que asumió el liderazgo de la oposición, asumió públicamente que quiere ver a Dilma fuera de la presidencia. Hace unos meses, uno de los líderes del partido, el senador Aloysio Nunes, dijo que antes de ver la salida de la presidenta, quiere verla “sangrar hasta el final”. Fue un mensaje claro de los miembros de la oposición que están dispuestos a hacer todo para derrumbarla. Dos partidos que fueron aliados del Ejecutivo en el Parlamento (PDT y PTB) anunciaron hace unos días su independencia al gobierno.
Después de las elecciones, Dilma Rousseff coexiste con una grave crisis económica, agravada por la subida del dólar (que hoy vale 3,50 reales en la Bolsa de Valores de São Paulo, unos 1,50 reales por encima de lo ideal) y un ajuste fiscal implementado por el nuevo ministro de Finanzas —designado por ella—, Joaquim Levy, que levantó críticas incluso dentro del PT, el partido de la presidenta. Además de los problemas financieros, una operación de la Policía Federal, llamada “Lava Jato”, arrestó al ex ministro de la Casa Civil del país, José Dirceu, acusado de recibir sobornos de empresas constructoras interesadas en contratos con Petrobras. El PT, el PMDB y otros partidos están involucrados en las investigaciones que vinculan donaciones ilegales a las campañas políticas.
Ayer, el cantante Lobão, uno de los más influyentes de la música brasileña y que se mostró en contra del PT durante las manifestaciones de los últimos meses, publicó en su perfil de Twitter que Dilma Rousseff “no va a pasar septiembre”.