En esta oportunidad se le acusa de peculado (mal uso de fondos públicos), corrupción (sobornó a 13 congresistas de la oposición), violación del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica. Según los abogados, Fujimori podría ser condenado a ocho años de cárcel por estos delitos, que se sumarían a los 25 a los que fue condenado, el pasado 7 de abril, por los delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos. El ex presidente peruano también recibió una pena de siete años y medio de cárcel por la entrega del dinero a su asesor Valdimiro Montesinos y a seis por allanamiento ilegal.
Aunque las autoridades judiciales han señalado que el proceso puede durar más de un año, el fiscal supremo de Perú, José Peláez Bardales, comentó a la agencia EFE que existe la posibilidad de que Fujimori acepte someterse a la “terminación anticipada”, una figura jurídica que permite abreviar el juicio ante la aceptación de la responsabilidad.
Según Peláez, esta medida, que ya fue tomada por Fujimori en los otros procesos por corrupción, puede darse para evitar una larga exposición pública del acusado. “Todo esto se dará en un ambiente adverso. No tenemos estrategias porque estamos convencidos de que la Corte Suprema ha decidido destruir a Fujimori”, dijo el abogado César Nakasaki.