El Parlamento libanés refrendó este lunes nuevas medidas para defender a las mujeres del acoso y de la violencia doméstica. Aunque la medida representa un avance –e incluso prevé imponer multas y penas de prisión de hasta dos años–, varias activistas dicen que aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos de las mujeres en el Líbano.
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¿Qué se logró? Con la nueva ley aprobada por la Cámara de diputados se criminaliza el acoso sexual, en particular en los lugares de trabajo, lo que convierte esta legislación en la primera de este tipo en el país. Con todo y esto, Karim Nammur, miembro de la oenegé jurídica Legal Agenda, dice que persisten algunas deficiencias, en particular sobre el recurso al derecho penal.
“Esto significa que cada caso será público, con una denuncia en comisaría, luego una audiencia ante el juez de instrucción, y después con el tribunal. Es todo un obstáculo y no un incentivo para presentar una acusación”, dijo. Nammur agregó que la víctima debe “probar el episodio de acoso y sus consecuencias”, por lo que considera que sería preferible que el imputado demuestre que no cometió dicha agresión.
¿Qué viene ahora? “La clave ahora es implementar la ley”, dijo el coordinador especial de las Naciones Unidas para Líbano, Jan Kubis, quien agregó que esta ley es un avance para “consolidar los derechos de las mujeres y los derechos humanos”.
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Además de los casos de acoso sexual, el Parlamento también realizó una enmienda a una ley sobre violencia doméstica, añadiendo la criminalización de la violencia económica y psicológica. Esta legislación existe desde 2014 pero la sociedad civil ha exigido su endurecimiento. En el Líbano, una de cada dos personas dice conocer personalmente a alguien sometido a violencia doméstica, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2017.
Pero, la enmienda de este lunes no penaliza la violación conyugal, como exigen varias oenegés. “El hecho de estar casado con la víctima no debería eximir al agresor sexual de ser condenado”, criticó la experta en Líbano para la oenegé Human Rights Watch (HRW), Aya Majzub. Esto implicaría que el problema a la hora de garantizar los derechos de las mujeres en el Líbano podría ser mucho más profundo.
Para la organización Agenda Legal la definición de violencia en la ley actual parece ser incompleta en relación con la definición adoptada internacionalmente y “carece de coherencia al excluir casos de violencia que no son menos graves”.
Una de las consecuencias más peligrosas de esto es “la exclusión de los casos de violencia justificada por las tradiciones heredadas, que también quedaron fuera de los límites del derecho penal, como obligar a la hija a casarse o impedir que la esposa abandone la casa o los insultos y desprecios, así como la violación marital”, se lee en informe emitido por la organización este lunes 21 de diciembre.
Más deudas pendientes
Con todo y esto, parecería que el gobierno libanés tiene varias deudas pendientes con las mujeres y niñas del país en materia de derechos. En noviembre de este año, Human Rights Watch (HRW) advirtió que las autoridades libanesas están incumpliendo sus obligaciones legales internacionales de proteger a las mujeres y niñas de la violencia y poner fin a la discriminación contra ellas.
“El Líbano no ha tomado ninguna medida para emitir un código civil opcional o reformar sus 15 leyes sobre el estatus personal basadas en la religión y los tribunales religiosos que las aplican. Estos tribunales discriminan a las mujeres en todo el espectro religioso y no garantizan sus derechos básicos, especialmente en asuntos como el divorcio, los derechos de propiedad y la responsabilidad de los hijos después del divorcio”, se lee en el informe de la organización internacional.
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Una advertencia similar la hizo la Corte Internacional de Justicia (ICJ) que alertó que la mujeres en el Líbano tienen varios obstáculos que afectan su acceso a la justicia por violencia de género.
“Los obstáculos legales comprenden leyes que no tipifican plenamente como delito determinadas violaciones de los derechos de la mujer, principalmente debido a definiciones inadecuadas o ausentes de los delitos relevantes como la violación”, se lee en un informe de la ICJ emitido en 2019.
A esto se suma que hay sectores de la población que resultaron aún más afectados por la pandemia y por la explosión del puerto en Beirut el 4 de agosto de 2020.
“Esto ha empeorado la vida de las poblaciones marginadas, sobre todo de las trabajadoras domésticas migrantes, la mayoría de ellas mujeres de países africanos y asiáticos. Muchos han informado de un aumento de los incidentes de abuso por parte de sus empleadores durante el cierre, y al menos siete se han quitado la vida desde marzo”, informó HRW.
Con información de Afp*