Esta vez no fueron los indígenas, que ya han marchado para evitar la construcción de vías en sus territorios, ni los médicos que se han quejado por sus paupérrimos pagos, sino los policías, que se amotinaron alrededor del palacio presidencial de Evo Morales para conseguir aumentos salariales y se salieron con la suya.El gobierno boliviano, que en principio se negó a satisfacer las demandas argumentando limitaciones presupuestales, tuvo que ceder ante la amenaza de un levantamiento militar como el sucedido en Ecuador en septiembre de 2010, cuando la vida del presidente Rafael Correa estuvo seriamente amenazada.Fue el ministro del Interior, Carlos Romero, quien propuso un diálogo para acordar el aumento en los pagos a 2.000 bolivianos (cerca de US$287, casi el 70% más de lo que reciben). Además del reclamo salarial, el sindicato de los policías de bajo rango también reclamaba la jubilación con el 100% de sus ingresos y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente, aspectos que no fueron comentados por Romero. Los sublevados anunciaron que sólo acabarán con la manifestación cuando dialoguen directamente con el presidente.Para conseguir la respuesta del gobierno, los oficiales tuvieron que amotinarse en veinte unidades y comandancias en todo el país, saquear y quemar muchas de las sedes policiales, y sus esposas hicieron huelga de hambre durante una semana. Así, una vez más, la protesta social se sale con la suya y pone en entredicho la autoridad de Morales.