La dirigente opositora venezolana María Corina Machado solicitó «protección» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la «reivindicación» de sus derechos constitucionales días antes de acudir la Fiscalía para declarar sobre un supuesto plan magnicida.
«He denunciado cómo unos están violando mi derecho a la participación política (…), por eso hemos presentado una petición» ante la CIDH «en la cual estoy solicitando: uno, protección y dos, la reivindicación de estos derechos», dijo Machado a periodistas frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.
La exdiputada afirmó que ha acudido a instancias institucionales porque «todas las vías judiciales internas se han agotado».
El petitorio «fue enviado anoche por correo electrónico y esta mañana muy temprano por correo expreso en físico y hoy acaba de ser recibido (…) por parte del embajador de la OEA en Venezuela, Miguel Ángel Trinidad», dijo.
Machado fue despojada de su investidura como diputada en marzo pasado después de que intentara participar en una sesión de la OEA, como miembro de la representación de Panamá, para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos que, dice, sufre su país.
La opositora introdujo el pasado 21 abril un recurso en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo contra el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Diosdado Cabello, por declarar la pérdida de su investidura parlamentaria, pero el amparo fue declarado improcedente a los pocos días.
Machado, que planeaba viajar a Washington a entregar el recurso y reunirse con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, canceló su viaje luego de ser citada por la Fiscalía para declarar el próximo 16 de junio, tras ser acusada del presunto delito «contra la independencia y la seguridad de la nación», y de asociación para delinquir.
El dirigente del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, denunció el 28 de mayo pasado «un complejo plan dirigido a acabar con la paz» que incluía un «magnicidio» y un «golpe de Estado» que ya fue abortado, una denuncia que argumentó con correos atribuidos a Machado y a otros personajes del mundo político venezolano.
En esos correos electrónicos se podían leer supuestos mensajes a diferentes actores de la oposición y empresarios venezolanos, entre ellos Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Koesling y donde además se mencionaba al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
En los mensajes atribuidos a Machado, la exdiputada supuestamente decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener «el financiamiento para aniquilar a (el presidente Nicolás) Maduro».
La Fiscalía solicitó ordenes de captura contra Arria, Burelli y Koesling luego de que los opositores no acudieran a la citación del Ministerio Público fijada para el lunes y martes de esta semana.
Venezuela denunció a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, efectiva desde el pasado 10 de septiembre y lo que le ha permitido escapar a la jurisdicción de la CorteIDH, pero no de la CIDH, dado que ésta tiene su fundamento en la Carta de la OEA.
El país suramericano ha vivido una ola de protestas contra el Gobierno desde el pasado 12 de febrero que se han prologado durante más de tres meses, y que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de 800 heridos y centenares de encausados.