Mientras el Congreso de Estados Unidos debate sobre el envío de cientos de millones de dólares en ayuda para que México aplique severas medidas en contra de los carteles de la droga, tres jefes de la policía mexicana buscan asilo al norte de la frontera, porque temen por sus vidas.
Un prominente oficial de Seguridad Territorial, quien habló bajo condición de mantenerse en el anonimato, confirmó las peticiones de asilo, pero no suministró detalles. “En muchos casos, ellos han sido abandonados por sus agentes policiales o departamentos de policía y tienen que huir”, dijo el funcionario, en Washington.
El jefe de policía en Puerto Palomas, poblado colindante con Columbus, Nuevo México, al oeste de El Paso, solicitó asilo en marzo, cuando la totalidad de su fuerza renunció tras haber recibido amenazas de muerte de narcotraficantes.
La violencia de la guerra en contra de las drogas en México se incrementó desde que el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de casi 30.000 agentes de la Policía Federal y tropas del Ejército al campo para combatir a los narcotraficantes. La mayoría de las fuerzas federales están operando en estados a lo largo de la frontera y más abajo en la costa del Pacífico.
La administración Bush le pidió al Congreso estadounidense 1.400 millones de dólares, en un paquete distribuido a lo largo de tres años, para enviar ayuda antinarcóticos a México y Centroamérica. Prácticamente todo el dinero, con excepción de 50 millones de dólares, está destinado al gobierno de Calderón.
Entre tanto, grupos mexicanos e internacionales por los Derechos Humanos han expresado inquietud con respecto al paquete de ayuda, citando abusos del pasado a los Derechos Humanos por parte de la policía y soldados.
La situación en México es cada vez más grave. Según cifras de los medios de comunicación, más de 3.000 personas han muerto en México desde que empezó la severa aplicación de medidas por parte de Calderón. Los ajustes de cuentas entre pandillas rivales representaron el grueso de las muertes.
No obstante, la persecución de las pandillas del narcotráfico y sus sicarios también ha tenido consecuencias fatales para agentes encargados de hacer valer la ley mexicana. Agentes de policía y soldados han caído en la lucha contra los narcotraficantes.
El jefe de policía de Ciudad Juárez fue asesinado la semana pasada, acribillado bajo una lluvia de aproximadamente 60 balas, mientras llegaba a casa, sin escolta, en las primeras horas de la mañana. El jueves pasado, otros sicarios mataron a un oficial de alto rango de la Policía Federal Preventiva en su hogar, en Ciudad de México, dejando heridos a dos de sus guardaespaldas en el proceso.
Edgar Millán, de 42 años, el comandante de la Policía Preventiva, era un cercano asesor del Ministro de seguridad pública de México, quien encabezó el frente civil del combate gubernamental en contra de las drogas.
Millán fue asesinado luego de que agentes federales por poco capturaran a un famoso capo de las drogas, Arturo Beltrán Leyva, en la ciudad y centro vacacional de Cuernavaca, aproximadamente 80 kilómetros al sur de la Ciudad de México, informó a mediados de esta semana El Universal, diario de esta capital.
Entre los nueve presuntos guardaespaldas detenidos tras el tiroteo se encontraban varios hombres que habían desertado hacía poco del Ejército Mexicano. Los investigadores detuvieron a cinco hombres, incluido un empleado de la dependencia de policía en la que Millán trabajaba, en relación con su asesinato.
Al tiempo que oficiales mexicanos juran que no cederán con respecto a la campaña, persiste la violencia en contra de las fuerzas de seguridad. Tres agentes de policía fueron acribillados en una emboscada en las últimas horas cerca de la frontera oeste con Texas. Otros dos oficiales murieron y seis fueron secuestrados en el estado de Guerrero, en el suroeste del país. Además, se informó que un gran contingente de sicarios atacó un puesto de policía en la sierra del estado de Sinaloa, en la costa del Océano Pacífico.
Las montañas sinaloenses son conocidas por sus plantaciones de marihuana y opio (amapola), al tiempo que son la cuna de los gángsteres más notorios de México, incluido Joaquín El Chapo Guzmán. Algunos de los agentes han sido asesinados debido a que la mayor aplicación de leyes empezó a hacerle mella al narcotráfico, dicen analistas.
Sin embargo, oficiales mexicanos reconocieron que algunas fuerzas policiales, en particular en los ámbitos local y estatal, pudieran ser blanco de ataques debido a que suministraron protección a uno u otro cártel.
“Estos son momentos difíciles para México”, declaró el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino, en Sinaloa. “El Estado mexicano está siendo desafiado por quienes, de manera corrupta y cobarde, amenazan, envenenan y ejecutan”. México ha batallado durante años para tratar de limpiar sus fuerzas de seguridad, pero los mexicanos asumen que la Policía e incluso los soldados son corruptos. La tarea es dura, pues el lema de los ‘narcos’ es: “o están con nosotros o mueren”.