La carrera electoral hacia las elecciones del próximo domingo en México ha estado marcada por la violencia. En varios estados del país, las organizaciones criminales impidieron a los candidatos hacer campaña en el terreno. En otros casos más graves se registraron torturas y muertes de aspirantes y políticos.
Un informe del diario Excelsior señala que desde octubre del año pasado y hasta la fecha, un total de 21 personas han perdido la vida en situaciones de violencia, relacionadas con un partido u organización política. Entre los muertos figuran precandidatos y candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios o exfuncionarios, militantes, familiares o acompañantes de las víctimas.
El artículo recoge algunos de los casos más recientes, como el asesinato de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal por el Distrito 32, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Valle de Chalco, Estado de México, ocurrido el pasado 2 de junio. El 27 de mayo, Israel Hernández Fabela, coordinador de campaña de la candidata del PRI a diputada local por el Distrito 3 de Azcapotzalco, Aída Beltrán Sánchez, también fue asesinado en su domicilio.
A esta lista de muertos, que aparece como una evidencia de la manera en que las organizaciones armadas atentan contra la democracia, se suman otras personas cuyos asesinatos guardan relación directa con sus labores políticas.
El informe de Excelsior dice que en Puebla, el pasado 26 de mayo, asesinaron a José Salvador Méndez Morales, coordinador de campaña de Lorenzo Rivera Sosa, candidato del PRI a diputado federal, cuando platicaba con un hombre afuera de las oficinas partidistas, en la capital del estado. Seis días antes había sido asesinado cuando salía de un velorio Jehová de la Cruz Gallegos, excoordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y afiliado al Partido del Trabajo (PT).
Entre los casos que más consternación han generado en el país está el asesinato el 14 de mayo de Enrique Hernández Salcedo, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Yurécuaro, Michoacán.
También el asesinato del líder de un grupo de autodefensas, que fue abaleado luego de realizar un acto de campaña y las investigaciones llevaron a la detención de tres mandos de la Policía Municipal como presuntos responsables. “Ese mismo día, pero en el poblado de Mecatepec, municipio de Huimanguillo, Tabasco, fue asesinado Héctor López Cruz, candidato a regidor del PRI; fue ejecutado con 16 tiros de arma larga, tras repartir propaganda”, dice el artículo de Excelsior.
La lista es larga. Siguen nombres como el de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal en la comunidad de Atzacoaloya, quien fue asesinado el 1 de mayo en Chilapa, Guerrero, cuando se dirigía a un acto de campaña. Los de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, integrantes de la Secretaría de Acción Juvenil del PAN, en Chihuahua, cuyos cuerpos fueron localizados en un paraje de la capital del estado, el pasado 21 de marzo.
El de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien fue privada de su libertad el 7 de marzo y cinco días después su cuerpo fue encontrado con marcas de tortura, disparos y desprendida su cabeza.
Entre los políticos víctimas de la violencia armada aparecen además Alfredo Ordaz Mendoza, operador en San Luis Potosí, y el ex regidor de Acapulco, Guerrero, Guillermo Cisneros Chegüe. También Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, que fue asesinado en una emboscada junto a otras dos personas el 17 de febrero.
Figuran Roberto Flores Vizcaíno, empresario inmobiliario y exdirigente del PAN en Morelia, Michoacán, quien fue asesinado el pasado 27 de enero. “En la agencia de Brama Paraje Pérez, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, ejecutaron a Julián González Domínguez, dirigente local de Morena, el 12 de enero del presente año”, dice Excelsior.
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