Casi 4.000 militares continuaban este sábado la intervención de la cárcel de El Rodeo, en el norte de Venezuela, que el viernes dejó dos funcionarios de la Guardia Nacional y un recluso fallecidos, informó el ministro del Interior, Tareck El Aissami.
«Hay un control absoluto en las areas de Rodeo I, sin embargo tenemos dificultades para que la población privada de libertad en Rodeo II permita que se realice la pesquisa», dijo el ministro al canal oficial VTV.
«La actitud sigue siendo hostil, se niegan al diálogo», agregó el responsable, reiterando el llamado a los reclusos a deponer las armas y permitir la entrada de la fuerza del orden a la cárcel.
La muerte de 22 prisioneros el pasado domingo en la cárcel El Rodeo, un complejo penitenciario ubicado a cuarenta minutos de Caracas y que está conformado por dos cárceles, como consecuencia de enfretamientos armados entre bandas de prisioneros puso en evidencia la grave crisis penitenciaria que sufre Venezuela.
El hacinamiento, las malas condiciones de salud y la proliferación de armas, entre otras cosas, han llevado al aumento de la violencia en los centros de reclusión. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones entre enero y marzo de este año, 124 presos han muerto, lo que representa un aumento del 22% con respecto a las cifras de 2010. Una situación que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha prometido remediar en el corto plazo, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidiera tomar medidas concretas.
En la operación policial iniciada la madrugada del viernes, las autoridades tomaron el control de 70% de los cerca de 4.700 reclusos del penal, que tiene una capacidad de solo 750. Pero unos 1.300 reos ubicados en el área El Rodeo II no se rendían y seguían haciendo disparos este sábado, según las autoridades.
A los 3.500 funcionarios de la Guardia Nacional que controlaban el perímetro del penal desde el viernes, se sumó este sábado un componente de 400 paracaidistas del Ejército.
Así las cosas, tras crear el Ministerio para la atención penitenciaria el pasado miércoles, el ministro de Interior, Tareck El Aissami, ordenó la toma por la fuerza del complejo carcelario para restablecer el control interno y así allanar el terreno para realizar una verdadera reestructuración de todo el régimen penitenciario. Con un total de 5.000 efectivos, entre Guardias Nacionales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la operación comenzó sobre las 9:00 de la mañana del viernes.
A pesar de que en un principio El Aissami garantizó que el procedimiento se desarrollaría “en estricto apego a la Constitución y a los derechos humanos”, al poco tiempo la situación se salió de las manos. Ante el temor de ser transferidos a otras cárceles, diferentes grupos de prisioneros se confinaron en sus celdas e hicieron frente a las autoridades. De acuerdo con el vicepresidente, Elías Jaua, de momento los enfrentamientos han dejado un saldo de un militar muerto y 19 soldados heridos de bala por el lado oficial, mientras que un solo recluso ha terminado lastimado.
Ante la desesperación de un grupo de familiares de los presos que permanecía en las inmediaciones del penal junto a los medios de comunicación, el propio vicepresidente tuvo que enviar un parte tranquilizador. “La operación que estamos haciendo no es para masacrar a sus familiares, es para preservarles la vida de un pequeño grupo que se ha adueñado del gobierno interno del penal y que cometió una masacre hace pocos días”, advirtió.