Documentos judiciales aseguran que la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvieron reuniones secretas durante diez años con líderes del cartel de Sinaloa para obtener información estratégica que los llevara a propiciar sendos golpes a los demás carteles de la droga.
Según testimonios judiciales dados ante la Corte del Distrito de Chicago por el agente de la DEA Manuel Castañón y el fiscal del departamento de Justicia Steve Fraga, bajo gravedad de juramento, se revelaron los detalles del acuerdo que permitía la continuidad de las actividades delictivas del cartel dirigido por el temido capo Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de la construcción de una red de informantes en todo el territorio mexicano.
Un total de 23 toneladas de cocaína decomisadas por la DEA e información precisa sobre las operaciones del cartel de Juárez y los Zetas, que llevó a un gran número de capturas, fueron el resultado de esta alianza que se cristalizó a principios de 2005, cuando el abogado del Chapo Guzmán, Humberto Loya Castro, comenzó a gestionar un acuerdo confidencial con la justicia estadounidense a cambio de beneficios en el proceso que se le abría a Guzmán en una corte del sur de California.
David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en Estados Unidos, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros del cartel de Sinaloa a espaldas del gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando, según quedó registrado en las audiencias pertinentes al proceso que se lleva en contra de Vicente Zambada Niebla, uno de los líderes del cartel de Sinaloa, detenido en 2009 por el ejército mexicano y quien debido a la falta de inmunidad decidió revelar el pacto secreto.
Fue así que fiscales de Estados Unidos, así como agentes de la DEA, entre ellos Manuel Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, se reunieron en más de cincuenta ocasiones con traficantes del cartel de Sinaloa entre los años 2000 y 2012, coincidiendo con la etapa en que éste se convirtió en uno de los carteles más fuertes en el país azteca, y coincidiendo con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lo que tiene a muchos sectores llenos de indignación es que durante todos estos años ninguna autoridad estadounidense reportara al gobierno mexicano o al Congreso sobre estos encuentros. Una extensa investigación del periódico El Universal de México logró obtener documentos oficiales y judiciales en México y Estados Unidos, así como testimonios de distintos funcionarios activos y en retiro de ambos países que dieron fe del controvertido acuerdo secreto entre la DEA y el cartel de Sinaloa.
En este sentido, y de confirmarse la clandestinidad del acuerdo, la DEA habría violado la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada al desconocer que toda investigación transnacional de un Estado dentro del territorio soberano de otro está sujeta al marco jurídico vigente y, como lo exige, las autoridades de México debían ser informadas
Es por esta razón que en medio del fervor nacional generado por este escándalo, congresistas de los principales partidos políticos en México, como PRI, PAN, PRD y PT, han solicitado a la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, un informe detallado sobre los encuentros y los acuerdos alcanzados.
Las alarmas sobre este delicado caso ya se habían prendido en marzo de 2010, cuando Jesús Manuel Fierro Méndez, miembro del cartel de Sinaloa y excapitán de la Policía de Ciudad Juárez, testificó en una corte en El Paso (Texas) que fue portavoz del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en reuniones personales con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
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