De las muchas cosas que Obama no ha hecho en su política hacia América Latina y el Caribe, sobresale un cambio en la llamada “guerra contra las drogas” que tanto daño ha causado a los países de esa región. Sí hace un cambio en el campo doméstico, con un enfoque más humano y menos represivo. La lucha contra la droga es el asunto más complejo y de más oscuras proyecciones para el continente, pues está atado al militarismo.
Reagan, en 1985, proclamó la “guerra” contra la droga, con amplio apoyo bipartidista. La controlaba el Comando Sur desde su base Howard, en Panamá, e internamente el ejército. En 1999, cuando EE.UU. perdió las bases en Panamá, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, Clinton las reemplazó, con el pretexto de la lucha contra la droga, con las Forward Operation Locations (FOL) o sitios de operaciones de avanzada, que son bases nacionales, y firmó con Pastrana el Plan Colombia (ingresaron 600 marines y 600 expertos militares). Sin que la opinión pública colombiana se enterara, usaron sus bases, menos la de Palanquero, según informó el embajador William Brownsfield, quien firmó con el gobierno de Uribe, en 2009, el controvertido tratado militar que les permitía utilizar siete bases y siete aeropuertos. Colombia se convirtió así en su principal enclave militar en la región.
Las bases FOL fueron posibles gracias a acuerdos en extremo ventajosos para el Pentágono, sin siquiera pagar arrendamiento y en detrimento de las soberanías. En El Salvador está Comalapa; en Honduras la Soto Cano (los marines participan en el golpe contra el presidente Zelaya); en Ecuador, la de Manta, un centro de espionaje, la más controvertida. El presidente Correa no renovó el contrato y la sacó. De Curazao y Aruba usan sus aeropuertos. Con la base de Guantánamo y las de Puerto Rico controlan el Caribe. Y rodean a Venezuela. El potencial militar que despliegan en tales bases (marines, aviones espías y de combate, helicópteros artillados), incongruente para perseguir narcotraficantes, responde a otro interés prioritario: afianzar su presencia militar en la región.
En más de cuatro décadas, la ruinosa guerra contra las drogas ha sido un fracaso. La droga sigue entrando por toneladas y el consumo sigue alto. Así lo reconocen amplios sectores e importantes personalidades de EE.UU. Y en el continente son cada vez más firmes las demandas de expresidentes, presidentes y destacados personajes por un cambio de política, por la legalización y despenalización de la droga. La violencia en Colombia, epicentro del narcotráfico y de la producción de cocaína, en México y Centroamérica, países de tránsito de la droga, ha cobrado decenas de miles de vidas. Y esto sigue.
El otro lado de la moneda es EE.UU., el mayor consumidor de drogas del mundo, opuesto a su legalización. Amplios sectores y altas personalidades estadounidenses, cada vez más críticas de esa política fallida, piden un cambio. En el continente tales demandas también van in crescendo. Hace meses, Juan Manuel Santos propuso discutir el tema y dijo estar dispuesto a legalizar la droga si hay un consenso mundial. Su colega, Otto Pérez Molina, de Guatemala, lidera un movimiento para despenalizarla, y sus colegas de Costa Rica, El Salvador y Honduras están de acuerdo con él; los invitó a una cumbre sobre la droga, el 25 de marzo, y el presidente de México, Felipe Calderón, manifestó su deseo de participar. El tema estará sobre el tapete en la Cumbre de las Américas, pero para legalizarla y despenalizarla, todos saben que es necesario, en primer lugar, que Washington cambie de enfoque y se logre a un acuerdo internacional.
* Exembajadora de Colombia en Cuba.