Fiscales generales de 15 países se reunirán el jueves y el viernes en Brasilia para coordinar las investigaciones de la red de sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que desató un terremoto político en Latinoamérica.
La inusual cumbre será liderada por el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, quien convocó a sus pares tras recibir numerosos pedidos de información de un caso con ramificaciones en tres continentes.
«Es una forma de responder a tantas requisitorias de datos, en un caso que está bajo secreto de sumario», dijo a la AFP una fuente que trabaja en el encuentro y pidió no ser identificada.
El esquema montado para sobornar a funcionarios a cambio de conseguir obras y hasta medidas parlamentarias para beneficarla le valieron a Odebrecht y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4.500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
Odebrecht indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2.600 millones, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de Braskem, totalizarían 3.500 millones.
El Departamento de Justicia estadounidense estimó que este pulpo, que fabrica hasta submarinos, repartió sobornos por cerca de 1.000 millones de dólares en decenas de países.
Asediada por las denuncias y con sus negocios golpeados, la firma acordó que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su ex director general Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil.
La desclasificación de esos documentos se espera en cualquier momento y las primeras filtraciones ya revelaron profusas menciones al presidente brasileño Michel Temer y a buena parte del arco político local, tanto de izquierda como de derecha.
Pero el caso cruzó las fronteras y recorre América Latina como un reguero de pólvora.
Perú emitió una orden de captura contra el exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir millones de dólares para favorecer a Odebrecht, y hay acusaciones contra el jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, así como contra el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, señalado por el exsenador Otto Bula, que luego se desdijo, como beneficiario del dinero de Odebrecht.
Todos los mencionados negaron los cargos.
Una fuente del Ministerio Público Fiscal argentino, que pidió reserva, dijo a la AFP que la reunión servirá para «agilizar los mecanismos de cooperación entre los países en caso de que surja nueva información que active investigaciones en cada lugar» y que ya había pedido «el envío de testimonios que involucran a Arribas».
Los países invitados son Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.