Cobija, la capital de Pando, fue escenario el jueves de los episodios más violentos que libran partidarios del gobierno y opositores, con un saldo de más de 30 muertos, la mayor parte en ese departamento amazónico, en la frontera con Brasil.
El fiscal general de la nación, Mario Uribe, dijo que seguirá un proceso penal al prefecto Fernández, hombre fuerte de Pando y uno de los líderes opositores, “por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta”. El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que el congreso instalará una comisión para investigar la presunta participación de Fernández, al que calificó de “genocida”.
Uribe, en reunión de prensa en Sucre, sede de la fiscalía, agregó que bajo esos mismos cargos serán procesadas otras dos autoridades de Pando, que no identificó.
Fernández reaccionó de inmediato y dijo que “yo permaneceré en Cobija esperando cualquier proceso transparente. No me voy a fugar”. El gobierno en La Paz había dicho que decenas de sus partidarios fueron ametrallados en Pando cuando iban a una manifestación, en una emboscada de “sicarios brasileños y peruanos bajo el mando” de Fernández.
“¨Sicarios brasileños?” , se preguntó Fernández a radio Erbol. “Eso es un embuste del gobierno. Absolutamente nada que ver con lo que habla el gobierno; ya basta. Este país necesita tranquilidad”. Enterado de que el ejército había arrestado a 10 personas y que varias de ellas tendrían armas en su poder, el prefecto dijo que “esto es una persecución política, porque se trata de gente de oposición al presidente Morales”.
El general Walter Panozo, jefe del ejército en Pando, dijo que esas 10 personas que no identificó estarían comprometidas en los violentos episodios en Cobija, que al igual que todo Pando está bajo el estado de sitio.
Oficialistas y opositores están enfrascados desde el sábado en un diálogo que se retomaría en la noche del lunes cuando Morales regrese de Santiago de Chile, después de participar en una reunión de presidentes sudamericanos preocupados por la estabilidad de la democracia boliviana.
El Comité Nacional Democrático (Conalde) , opositor, dijo el lunes que “de a poco se están levantando 35 puntos de bloqueos que hay en el país. Ojalá el gobierno tenga la misma voluntad y la demuestre”, dijo un vocero de Conalde, Branko Marinkovic.
Pero el problema, según Marinkovic, es que “grupos de choque y gente afín al gobierno” bloquean a su vez otras carreteras, con lo cual hay ciudades como Santa Cruz y Beni en la cual los alimentos y el combustible empezaron a escasear.
Los partidarios de Morales demandan que los rebeldes desalojen oficinas del gobierno que fueron tomadas por los opositores en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
El bloqueo de rutas en todo Bolivia causó en 21 días pérdidas por unos 42 millones de dólares, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) Eduardo Bracamonte quien agregó que los productos más afectados son los de la agroindustria de Santa Cruz, además de bananos, palmitos y otros de naturaleza perecedera de Cochabamba, que no pueden salir por los bloqueos en el sur.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, dijo que las pérdidas podrían “ser mucho más” que 42 millones de dólares, aunque no especificó cifras. Ricas básicamente en gas y petróleo, en esas regiones se concentran casi la mitad de los diez millones de habitantes de Bolivia.
Si bien las protestas se iniciaron por la devolución de los fondos que el gobierno descontó a las regiones para pagar un bono a los ancianos, la raíz de la disputa es esencialmente el rechazo al proyecto constitucional que promueve Morales.
El proyecto debe ser sometido a un referendo, del cual no hay fecha, y las regiones rebeldes temen que de aprobarse sufrirían un gran golpe a sus ambiciones de gozar de mayor autonomía del gobierno central.
El gobierno dijo que el embajador de Estados Unidos Philip Goldberg era firme aliado de los rebeldes y le ordenó salir del país por “meterse” en los asuntos internos, pero el diplomático dijo que “…todas las acusaciones del gobierno son falsas e infundadas”, antes de abandonar Bolivia.
Este lunes, cientos de manifestantes marcharon a la embajada estadounidense en La Paz para celebrar la salida del embajador. La policía tendió un cerco alrededor de la sede y no se registraron incidentes.
Fiscal acusa de genocidio a gobernador opositor
El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, inició un proceso por genocidio contra el gobernador de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, el senador cercano al oficialismo Abraham Cuéllar, y Miguel Becerra, destacado líder político de la región.
Según un comunicado de la Fiscalía, los tres políticos se enfrentan a un proceso por "la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta".
Se les acusa de ser los instigadores de los choques violentos en los que el pasado jueves murieron, según cifras del Gobierno, casi 30 personas, aunque por el momento sólo han sido recuperados 17 cadáveres.
Miembros del Gobierno de Evo Morales han pedido esta semana que se castigue con 30 años de cárcel sin derecho a indulto al prefecto Fernández por considerar que fue el responsable de lo que considera "una masacre".
Una fuente de la Fiscalía aclaró que no hay orden de aprehensión contra el prefecto de Pando por lo que los militares en Cobija, capital departamental, no pueden detener a la autoridad, a pesar, incluso, del estado de sitio declarado en la región.
El proceso iniciado incluye al senador suplente Cuéllar, que fue elegido por la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos) pero en reiteradas ocasiones ha votado con el oficialismo.
El senador, aunque aclaró que no ha recibido notificación oficial del inicio del proceso en su contra, calificó el anuncio de la Fiscalía de "absurdo y gran estupidez" ya que asegura que desde el 15 agosto está en La Paz.
Para Cuéllar, el hecho de haber sido acusado es una "payasada" y "maniobra de distracción" del propio fiscal que busca "encubrir" al prefecto pandino.
"Todo indica que la responsabilidad primera es del señor Leopoldo Fernández. De eso debe el fiscal preocuparse", agregó el senador suplente.
Además, pidió la renuncia del fiscal Uribe, respecto al que especuló con la posibilidad de que tenga algún tipo de vínculo con Fernández e incluso con la Embajada de Estados Unidos, aunque aseguró que era algo que no podía "afirmar".
El tercer acusado, Miguel Becerra, es un destacado líder político de la región, ex alcalde de Cobija e integrante de la agrupación ciudadana Movimiento Amazónico de Renovación Democrática (MAR), opositores a Fernández aunque sin vínculos con el oficialismo.