Reproducir una nota de un medio extranjero, esa es la razón por la cual tres directores de medios de comunicación en Venezuela son requeridos por la justicia venezolana, a raíz de una demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello.
La nota que La Patilla, El Nacional y Tal Cual reprodujeron en abril de este año es originalmente del diario español ABC. En dicha publicación se informa que la justicia estadounidense está investigando los vínculos de Diosdado Cabello con el cartel de los Soles, una red internacional dedicada al narcotráfico. La nota tiene declaraciones del militar venezolano Leamsy Salazar, quien según el diario español colaboró con las autoridades estadounidenses y a quien se identifica como antiguo jefe de seguridad de Cabello.
A partir de esa re-publicación, Cabello anunció la presentación de una demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de los tres medios de comunicación que lo habrían difamado. Al respecto, hubo múltiples pronunciamientos por parte de organizaciones defensoras de los DD.HH. y la libertad de expresión.
Por ejemplo, Carlos Lauría, director del Programa para las Américas del Comité para Protección de Periodistas (CPJ), dijo en una entrevista con este diario que estamos viendo una etapa en Venezuela en la que se da la estrategia de Nicolás Maduro de tener empresarios amigos que compran medios de comunicación como Globovisión y El Universal. En este contexto, “hay vasta documentación de violaciones constantes y de un Estado que no permite el periodismo crítico y usa todos los poderes para censurarlo. La última decisión de la justicia a partir de una demanda de calumnia e injuria interpuesta por Diosdado Cabello contra 22 ejecutivos de medios, para impedirles la salida del país por reproducir una información que había salido en el diario ABC, va en contra de la justicia interamericana”.
Tres semanas después de que apareciera la nota de ABC en los medios venezolanos, una juez de Caracas impuso la prohibición de salir del país a los directores de estos medios, junto con otros 19 directivos. El 13 de agosto pasado, Cabello informó que la demanda civil por difamación que presentó fue admitida por un tribunal.
Este martes se conoció que un tribunal de primera instancia de Caracas ordenó al Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) buscar a los directivos de los medios de comunicación acusados. La orden fue emitida el 23 de septiembre, pero solo esta semana fue publicada por La Patilla. En el escrito del tribunal se mencionan los directivos del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero y Mariana Otero; los de LaPatilla.com, Alberto Federico Ravell Arreaza e Isabel Ravell Nolk, y el del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, quien ya tiene una medida de casa por cárcel.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no tardó en repudiar las medidas tomadas por la justicia venezolana contra los directores de medios. En la resolución final sobre Venezuela, emitida tras su 71ª Asamblea General, repudió el comportamiento antidemocrático de los poderes públicos en contra de la prensa independiente y de los medios críticos”, refiriéndose en particular a las “causas civiles y criminales” abiertas contra editores y directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, “ordenándose la prohibición de enajenar sus bienes y la prohibición de salida del país”. Además, la organización denunció que se mantiene el racionamiento o la prohibición de entregar papel prensa o divisas a medios críticos del gobierno.
La SIP también rechazó el desacato por parte del Estado venezolano de la sentencia emitida el 7 de septiembre por la Corte Interamericana de DD.HH., sobre el emblemático caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). En dicha sentencia, el tribunal interamericano condenó al Estado por violar la Convención Americana de Derechos Humanos y le ordenó restituir la señal y bienes “confiscados arbitrariamente” a RCTV en 2007, con la intención de eliminar la transmisión de ideas e información incómodas para el régimen chavista.
Por último, la SIP advirtió que en el caso de Venezuela “los atentados a la libertad de expresión y de prensa son parte del deteriorado contexto social e institucional de lo que ocurre en el país”. En este contexto, cabe recordar la reciente condena a 13 años de prisión del opositor político Leopoldo López. Además de los opositores presos, también los directores de medios podrían ir a la cárcel.