El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, miembro de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara, pidió a la canciller María Ángela Holguín, que separe de su cargo al embajador de Colombia ante el Vaticano, César Mauricio Velásquez.
La solicitud de Cepeda está soportada en que el miércoles la Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría General iniciar una investigación por haber «injuriado» al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César M. Velásquez.
En su petición, Cepeda que en mayo del 2011 le solicitó a la ministra separar de sus cargos, al entonces embajador en Perú, Jorge Visbal Martelo, y al general (R) Mario Montoya Uribe, en ese momento embajador en República Dominicana, solicitud que no fue atendida por el Gobierno.
«Ambos embajadores se vieron obligados a renunciar a la función diplomática para venir a responder por sus procesos judiciales, todos relacionados con el paramilitarismo», recordó.
«Se está corriendo el mismo riesgo de que un diplomático colombiano tenga que renunciar a su cargo por una eventual orden de captura, lo que significa una vergüenza nacional», dijo.
El representante anunció que dejará constancia de esta situación en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.
La orden de la Corte La Corte Constitucional le ordenó a la Procuraduría General tramitar y dar respuesta en las próximas 48 horas a una queja por injuria interpuesta por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete en contra del exjefe de prensa de Presidencia y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, César Mauricio Velásquez.
En la queja interpuesta por el exmagistrado se señalaba que Velásquez emitió un comunicado en el que señalaba que César Julio Valencia Copete era “investigado” por haber dicho que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez lo había llamado con el fin de preguntarle sobre los procesos que se adelantaban en el alto tribunal contra algunos congresistas, principalmente el senador Mario Uribe, por la llamada parapolítica.
En la queja se manifestaba que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia había “afirmado mentirosamente” la existencia de dicha llamada. Por lo que Valencia Copete le pidió en ese momento a la Procuraduría General que investigara a Velásquez por abuso de autoridad al utilizar una institución y bienes del Estado a favor del Presidente y para deshonrarlo.
Sin embargo dicha queja fue rechazada por el Ministerio Público al considerar que la encargada de darle trámite era la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el fuero del que gozaba Velásquez.
“Se trata entonces, en esencia de una decisión sin motivación. Además en la medida en que el accionante queda en una incertidumbre jurídica, esperando que una institución de carácter político, sin competencia para investigar al funcionario, resolviera si tramitaba la queja en cuestión o no, se trataba a todas luces de una clara afectación al derecho de acceso a la justicia”, dice la sentencia de la Corte Constitucional.