La vida política, económica y social de Colombia está atravesada por una multiplicidad de factores globales, con lo cual la política exterior debe ocupar un lugar prioritario dentro de los planes del próximo gobierno. Para no ir más lejos, la posibilidad de combatir agudos problemas sociales que todavía persisten, como el desempleo, la pobreza y la desigualdad; de reducir la inseguridad ciudadana, que sigue rampante, y de poner fin definitivo al conflicto armado, está condicionada en gran medida por un desempeño efectivo en el ámbito mundial. De allí la necesidad de diseñar estrategias, competencias e instrumentos más acordes con la importancia de la política internacional para muchos de los intereses neurálgicos del país.
Sin pretender ser exhaustiva, se me ocurren seis campos de acción particularmente sensibles hacia el futuro. En primer lugar están las bases estructurales de la política exterior que, en el caso colombiano, presentan serios problemas. En gran medida, la representación del país en el exterior está en manos de distintos “amigos” del presidente, quienes han sido nombrados no por sus extraordinarias habilidades, sino justamente por ser “amigos”.
Sin lugar a dudas, el pago de favores políticos con cargos diplomáticos constituye el defecto estructural más grande de nuestra política exterior. Y como el Congreso ha sido uno de sus principales beneficiarios, poco incentivo tiene de modificar esta práctica perversa. Por ello, la desclientelización del servicio diplomático se logrará sólo por medio de una buena dosis de voluntad política, por ejemplo, un compromiso explícito y público por parte del gobierno entrante de no utilizarlo como botín.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene limitaciones para coordinar y ejecutar la política exterior del país. Dos factores adicionales al mencionado, que explican su debilidad, son el creciente protagonismo que adquirió el Ministerio de Defensa en la política internacional del país —que se atribuye al papel central ocupado por la política de seguridad democrática durante el gobierno Uribe— y el manejo personalista por parte del Presidente de muchas esferas de la política pública, el cual redundó en su desinstitucionalización.
Segundo, y aunque viene señalándose desde hace años, Colombia carece de una política de Estado en materia internacional, basada en intereses nacionales amplios y concertados con grupos representativos de la sociedad y no sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno. Dado que la política exterior ya no es potestad exclusiva de los Estados, reconocer a los actores no estatales como sus gestores legítimos, y establecer canales institucionales de diálogo y cooperación con ellos también es fundamental.
Tercero, dado que Estados Unidos es la contraparte más significativa que tiene Colombia en el mundo, no sólo por la cooperación que ha brindado en torno al narcotráfico y la contrainsurgencia, sino por asuntos como comercio, inversión y migración, es ineludible reflexionar sobre la relación bilateral. Aunque se trata de un socio estratégico fundamental, en su afán por construir una relación “exclusiva” el gobierno Uribe confundió la colaboración interesada de Washington con la “amistad”. Así, nunca comprendió que las relaciones “especiales”, sobre todo con una potencia, son una simple ficción.
La no aprobación del TLC, de lejos el mayor fracaso de Uribe en el exterior, lo demuestra, al tiempo que desmiente la idea de que entre más asociado y dependiente, mayores los beneficios materiales a recibir. La obsesión por preservar la cercanía con el gobierno Obama se tradujo incluso en la negociación del acuerdo sobre las bases militares, que terminó por aislar a Colombia del resto de Suramérica y por minar su credibilidad ante países como Brasil, con el cual se venía construyendo un prometedor acercamiento. De allí que la reelaboración de los términos de la interacción colombiana con Estados Unidos se ha vuelto prioritaria.
Cuarto, y en relación con lo anterior, la política antidrogas made in USA debe ser sometida a un examen exhaustivo y objetivo. Si bien en materia de seguridad el Plan Colombia ha arrojado algunos resultados positivos, el balance es más ambiguo cuando de drogas ilícitas se trata. El fracaso de la “guerra contra las drogas” está haciendo mella no sólo en Europa, sino en Estados Unidos, en donde se discute la necesidad de considerar alternativas distintas a la tríada prohibición–represión–militarización.
Por razones obvias, en este punto Colombia tiene que estar “en la jugada”, promoviendo junto con otros países afectados un debate mundial sobre el tema. Dadas las tendencias actuales, insistir en el prohibicionismo, como ha hecho hasta ahora el presidente Uribe, no sólo es contraproducente, sino que aleja al país de su merecido lugar en la discusión. Además de lo anterior, y en el caso específico de Estados Unidos, el uso de la extradición como instrumento cotidiano de cooperación en la lucha antidrogas debe evaluarse, sobre todo por sus implicaciones para el conflicto armado y la posibilidad de lograr la verdad y la justicia en el país.
Quinto, las relaciones con Ecuador y Venezuela, dos socios naturales y centrales, deben normalizarse y reconstruirse. Dado el nivel actual de deterioro y desconfianza, se trata de una tarea difícil pero urgente. Como mínimo, hay medidas que pueden ayudar a restablecer un modus vivendi entre Colombia y sus vecinos. Dada la tendencia colombiana de relacionarse con los vecinos a través del lente de su relación con Estados Unidos, el nuevo gobierno tendría que hacer manifiesto que el interés nacional colombiano es distinto al estadounidense y reenfocar la política exterior hacia los vecinos en función de éste.
Justamente lo que no hizo Uribe con el tema de las bases. Adicionalmente, pueden desarrollarse pequeños mecanismos de convivencia y el compromiso por parte de cada gobierno de respetarlos. Un acuerdo recíproco de no meterse en los asuntos internos de los otros países sería un buen inicio, como también el de no utilizar las diferencias ideológicas en función de intereses locales propios.
Sexto, es perentorio restaurar la legitimidad de Colombia como país respetuoso e incluso promotor de las reglas de juego internacionales, la cual se perdió con el bombardeo de Angostura. Ello se traduce en el abandono de la actitud arrogante y errónea de que la lucha contra las Farc justifica cualquier medio, y el compromiso explícito de tratar como sagrados los principios de la soberanía y la no intervención. Pero también, y no menos importante, significa adoptar medidas más audaces y efectivas en materia de derechos humanos, sobre todo para combatir los altos niveles de impunidad que existen en el país.
En una nación en la que la polarización se ha vuelto habitual durante los últimos ocho años, llama la atención el consenso que existe en torno al mal estado en el que el gobierno saliente deja la política exterior. Gane quien gane, el próximo presidente de los colombianos tendrá que efectuar un duro timonazo.
Juan M. Santos
El candidato del Partido de la U aseguró, en una reciente entrevista, que él fue “el arquitecto de la integración entre Venezuela y Colombia, que ha traído enormes beneficios a los venezolanos y a los colombianos”. Lo dijo en respuesta a las críticas que desde Venezuela ha recibido por parte del presidente Hugo Chávez. En un reciente debate, Santos también habló sobre el acuerdo militar que permite el uso de bases en Colombia por parte de Estados Unidos, y dijo que “no lo renegociaría”. El candidato, incluso, invitó al mandatario venezolano a leerlo, y le garantizó que desde Colombia no saldrán agresiones en contra de su país. Juan Manuel Santos ha asegurado que no acepta el juicio que se le adelanta en Ecuador por el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’.
Antanas Mockus
El candidato del Partido Verde ha dicho que una de sus prioridades será mejorar las relaciones con Venezuela. Sobre las críticas que lo señalan como “el favorito” de Hugo Chávez, Mockus aseguró que “no le preocupan” y que lo que su gobierno hará es cultivar el respeto por la diplomacia y las buenas relaciones. Mockus, sin embargo, aclaró que tendrá tolerancia cero si Chávez se entromete en los asuntos colombianos. “Venezuela traza el rumbo que le parezca, pero la base es el respeto”. Sobre los nombramientos diplomáticos, Mockus aseguró a El Espectador: “Mi compromiso es que no habrá un solo nombramiento para hacer favores, para pagar otros servicios políticos: escogeremos los diplomáticos entre el personal de carrera y entre los que, sin serlo, puedan ser muy eficientes en su gestión, por sus capacidades y sus méritos”.
Gustavo Petro
El candidato del Polo Democrático ha sido el más crítico del acuerdo de cooperación militar firmado recientemente entre Colombia y Estados Unidos. Todos los candidatos coinciden en que no revisarían el acuerdo; sin embargo, Petro dijo: “Puesto que el presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se negó a pedir la autorización del Senado colombiano sobre el mencionado Acuerdo, éste no tiene ninguna eficacia ni validez jurídica; por tanto, el Acuerdo no vincula a la Nación colombiana y no nos compromete en su cumplimiento”. El candidato del Polo también ha afirmado en diversos medios que mantendrá unas buenas relaciones con Estados Unidos, al igual que con Venezuela y Ecuador.
Rafael Pardo
El candidato del Partido Liberal ha dicho que mantendrá el acuerdo militar con Estados Unidos, a pesar de las críticas que éste ha generado. Sobre las polémicas relaciones con Venezuela, dice que nadie puede prometer que las cosas vayan a dejar de ser polémicas con el presidente Hugo Chávez. “Nadie puede prometer que no va a haber relaciones problemáticas, pero lo que yo sí tengo claro es que si Colombia mantiene su aislamiento frente al resto de Sudamérica las relaciones serán más problemáticas”. Pardo insiste en la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y aclara que acercar el país a la región no significa separarse de Washington, “pues en este momento es nuestro principal aliado”.
Germán Vargas
El candidato del Partido Cambio Radical ha asegurado que es necesario replantear el enfoque de la lucha contra las drogas, “que a todas luces no ha sido exitoso”. Sobre las relaciones con Venezuela, Vargas dice que es su propósito mantener buenas relaciones, pero que el presidente Hugo Chávez tiene que entender que los colombianos no toleramos que Venezuela siga siendo la retaguardia estratégica de las Farc y el Eln. También dice que es imperativo lograr que nuestro vecino juegue limpio en materia comercial. Sobre el tema del manejo político del a Cancillería, el candidato insistió en que es imperativo seguir avanzando sin titubeos en la profesionalización de nuestro servicio exterior. Dijo que tendrá una política de “puertas abiertas” en derechos humanos.
Noemí Sanín
La candidata del Partido Conservador es muy vehemente en afirmar que la relación con Estados Unidos es necesaria. “Colombia necesita mantener esa alianza. Le tenemos gratitud a EE.UU. porque es el país que más se ha jugado con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y es un socio comercial muy importante, pero los aliados necesitan reciprocidad”.
Durante uno de los debates aseguró que restablecer las relaciones con Venezuela y Ecuador puede ser la vía para enfrentar los problemas de criminalidad en la frontera colombiana y dos aliados para solucionarlos. Sin embargo, supeditó la normalización del diálogo con Hugo Chávez a su apoyo en la lucha contra las Farc, invitándolo a escuchar a su pueblo.