Con un sabor amargo en la boca permanecen los más de 12 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, quienes han visto cómo en los dos últimos años la promesa de una reforma migratoria se ha diluido en el aire. Lo que preocupa, dicen muchos, es que por el contrario la persecución en su contra no da tregua. En lo que va de la administración Obama el número de deportaciones ha aumentado en relación con el gobierno anterior, pues alcanzó la cifra de 392.862 inmigrantes repatriados. De igual forma ha escalado la presión a empresarios que emplean a indocumentados, sumando hasta la fecha sanciones por US$6,9 millones en comparación con los US$2,4 millones recaudados durante la administración de George W. Bush.
Si bien el extenuante cabildeo de la reforma a la salud dejó a Obama sin capital político para una complicada reforma migratoria, grupos pro inmigrantes le critican su falta de liderazgo en momentos en que aún mantenía el control tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. Fue así como en marzo de 2010 no logró unanimidad en el interior de su partido para poner a andar la reforma del demócrata Charles Schumer, la cual abría las puertas para la naturalización de millones de ilegales que tuvieran trabajo y/o estudiaran ciencia y tecnología y que además demostraran el manejo del inglés.
De igual forma se le culpa por el fracaso en diciembre pasado, cuando el Dream Act, proyecto que buscaba el camino hacia la legalidad de miles de jóvenes que llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños, fue rechazado por el Senado, de mayoría demócrata, debido a la imposibilidad del gobierno de asegurar los 60 votos que necesitaba.
Y para terminar se le reprocha el incumplimiento de otras de sus promesas de campaña, la ampliación del programa de visas de trabajo. Aún más, luego de que en agosto de 2010 no hizo nada para detener el proyecto, de origen demócrata, que incrementa los costos que las compañías tienen que pagar para gestionar las visas H1B y L para trabajadores extranjeros. Acción justificada por la administración Obama en el alto nivel de desempleo. “No es que no haya habido voluntad del gobierno en materia migratoria, simplemente es que no es una prioridad”, explica el analista político John Nichols. “Este será un tema que el electorado inmigrante y sobre todo el latino no pasará de largo a la hora de volver a las urnas”.
Paradójicamente, en momentos en que el censo de 2010 confirma que hay 48 millones de latinos en todo el país y que para 2030 será el 30% de la población nacional, parece ser, coinciden los analistas, que la reforma migratoria permanecerá por otro largo rato en el congelador. La guerra a muerte que Obama enfrenta por parte de un Partido Republicano en ascenso, con mayoría en la Cámara de Representantes así como en el número de gobernaciones ya ha dado muestra de su tenacidad.
Todo empeoró aún más luego del revuelo que causó el reporte anual del Pew Hispanic Center, que asegura que son más de 8 millones de puestos de trabajos ocupados por inmigrantes ilegales los que podrían estar en manos de estadounidenses, lo cual contribuiría al descenso del desempleo del 9,1%. Por esta razón el Partido Republicano prepara un proyecto de ley que pretende hacer obligatorio para todos los empleadores del país el uso del E-Verify, un sistema de la oficina de Seguro Social y del departamento de Migración que permite verificar el estatus migratorio de toda persona.
Por su parte en Arizona, campo de batalla en materia migratoria, la gobernadora republicana Jan Brewer acaba de anunciar la recolección de US$1,5 millones para luchar en los tribunales la demanda del gobierno federal en contra de la SB 1070, así como el avance de seis iniciativas estatales que permitirían la construcción de un muro en su frontera con México, la suspensión de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes ilegales, el uso obligatorio del E-Verify y la revisión del estatus migratorio para la licencia de conducción.
De igual forma, en Arkansas y Texas se busca suspender la prestación de servicios médicos a indocumentados así como su acceso a la educación primaria. En Georgia avanza una ley similar a la SB 1070 de Arizona, que bajo el nombre HB-87 pretende convertir en agente migratorio a todos los trabajadores estatales. En Utah ya se aprobó el HB70 que permite a su fuerza policial preguntar discrecionalmente sobre el estatus migratorio de sus detenidos envueltos en crímenes menores. En Virginia, Kentucky, Pennsylvania, Indiana, Rhode Island, Michigan, Minnesota y Carolina del Sur avanzan iniciativas similares.
De igual forma disgusta el programa de la administración Obama conocido como Comunidades Seguras, el cual obliga que las policías locales compartan sus bases de datos con el departamento de migración y el FBI permitiendo el uso y confrontación de huellas digitales para chequear el estatus migratorio y el récord criminal de sus habitantes. Si una huella muestra que una persona es sujeta de deportación inmediatamente el departamento de migración notifica a la policía local para su arresto. Hasta el momento 1.049 condados en 39 estados se han sumado al programa que será obligatorio para todo el país en 2013.
El presidente Obama volvió a recalcar en el reciente discurso de Estado de la Unión la necesidad de una reforma migratoria integral, pero para muchos estas son sólo palabras vacías y llenas de cinismo en momentos en que se anuncian 1.200 hombres adicionales para la vigilancia de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México.