El enfrentamiento que los sindicatos y el gobierno de Nicolas Sarkozy mantienen desde hace meses (recrudecido en la última semana hasta la amenaza de parálisis del país) por la reforma de las pensiones se ha reconvertido en una suerte de guerra de la gasolina.
El presidente de la República avisó el lunes que pasaba al ataque y el miércoles aseguró que no iba a permitir ningún bloqueo de depósitos de carburante. Brice Hortefeux, el ministro del Interior, la mano derecha de Sarkozy y su amigo íntimo, se encarga ya de ello personalmente a través de una célula de crisis creada para el efecto. El miércoles, muy temprano, el ministro dio una conferencia de prensa en la que informó que, de madrugada, la policía había dejado el camino libre para los camiones cisterna en los estratégicos depósitos de Donges (Loire-Atlántico), de Le Mans (Sarthe) y de La Rochelle (Charente), retirando a los trabajadores que con neumáticos incendiados y barricadas improvisadas impedían la entrada.
Prometió seguir. Pero un sindicalista del grupo petrolero Total ya avisó el martes 12, cuando la huelga acababa de empezar: “Vais a ver cómo jugamos al ratón y al gato con la policía en los depósitos”. Tenía razón: los trabajadores, a su vez, bloquearon el miércoles el depósito de Caen (Baja Normandía), desbloqueado horas después por la policía, el de Port-de-Bouc (Bouches-de Rhône) y mantenían cerrado el depósito-refinería de Grandpuits, en Seine-et-Marne, cerca de París. Consecuencia: la población, sobre todo en cuatro regiones (Ile-de-France, Picardie, Champagne-Ardennes y Normandía) sigue peregrinando a la busca de gasolina cada vez con más estupefacción y alarma. Hay quien hace desplazamientos de 40 o 70 kilómetros para llenar treinta o cuarenta euros (las gasolineras restringen el consumo). El Ministerio del Medio Ambiente registraba el miércoles 3.200 gasolineras sin una gota de combustible, esto es, una de cada tres en Francia.
Los operadores turísticos se inquietan porque el viernes comienzan las vacaciones de Todos los Santos y los franceses observan que no va a haber gasolina para viajar. El conflicto, tras la jornada de protesta y de multitudinarias manifestaciones del martes, parecía el miércoles más estancado y enconado que nunca. Los sindicatos decidirán este jueves la estrategia a seguir y tras una reunión difícil se comprobará si continúan unidos o si -como se prevé- comienzan a descolgarse algunas formaciones que temen que los disturbios desvirtúen el movimiento. Mientras, los senadores debaten el proyecto de ley observados de cerca por todo el país: los portavoces de los tres grupos de izquierda (Partido Socialista, Partido Comunista y Radicales) pidieron el miércoles solemnemente al presidente de la República que actúe con “sabiduría” y suspenda la discusión a fin de que se pueda elaborar un consenso con los sindicatos. La Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido de Sarkozy, lo rechazó. El ministro de Trabajo, Eric Woerth, repitió -casi con las mismas palabras que lleva utilizando desde hace semanas- que la reforma es “necesaria e indispensable y que no hay ninguna necesidad de anular el debate”.
Sarkozy, en una carrera contrarreloj, desea que el proyecto de Ley supere este escollo legal cuanto antes para que entre en vigor en los días siguientes y así romper con esta dinámica que le maniata. Pero los senadores de izquierda torpedean a base de colocar enmiendas y de alargar los discursos, y así retardan la aprobación. Los senadores de Sarkozy, por el contrario, escuchan, callan y no replican (para ganar tiempo). Tal vez se apruebe este jueves, tal vez el viernes o tal vez el fin de semana. Nadie lo sabe con certeza.
En Lyon y Nanterre se produjeron el miércoles también incidentes con jóvenes violentos que tratan de radicalizar la protesta estudiantil. Hortefeux avisó también que “toda acción violenta será castigada” y comprobó en Lyon el despliegue policial.