La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 140 personas han muerto por la violenta represión de las fuerzas de seguridad etíopes de las protestas estudiantiles contra un plan urbanístico para expandir Adis Abeba registradas en las últimas semanas en la región de Oromia, que rodea la capital.
La organización alertó de que varios activistas locales han elevado la cifra de muertos por tercera vez en la que podría ser «la mayor crisis que afecta a Etiopía desde la violencia electoral de 2005», aseguró a última hora de ayer el investigador de HRW en el Cuerno de África, Felix Horne.
Las protestas se originaron a principios de diciembre tras la aprobación de un plan urbanístico para expandir Adis Abeba, lo que podría poner en peligro las tierras de cultivo de los oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y seminómada.
En cambio, el Gobierno de Hailemariam Desalegn dijo recientemente que los manifestantes tenían una «conexión directa» con grupos terroristas extranjeros, en alusión al Frente de Liberación oromo (OLF, en inglés), un movimiento separatista que lleva décadas luchando por la independencia de Oromia.
Por otra parte, el vicepresidente del Congreso Federalista Oromo (OFC), el partido legal más importante de la región, Bekele Gerba, lleva desaparecido desde el pasado 23 de diciembre, cuando fue detenido por la Policía.
El Gobierno etíope detiene de forma periódica a intelectuales y figuras prominentes entre los oromo porque teme que su influencia política puede animar a la población a revelarse contra la administración.
Las protestas de los estudiantes comenzaron en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros al suroeste de la capital de Adis Abeba, cuando las autoridades trataban de arrasar un bosque donde se ha proyectado un proyecto de construcción.
Las protestas se extendieron rápidamente por toda la región de Oromia, lugar de origen de 35 millones de oromo, el grupo étnico más grande del país.
Unos dos millones de personas viven en el área afectada por el plan urbanístico de expansión de la capital, y muchos manifestantes temen que podría desplazar a agricultores y residentes oromo que viven cerca de Adis Abeba.
Protestas similares se registraron en abril de 2014, cuando también se produjeron muertes, heridos y detenciones masivas de manifestantes.
La ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar un ilimitado uso de la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo prisión preventiva de hasta cuatro meses, en los que a menudo se producen torturas, según activistas.