Las dudas respecto a la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua no giraban tanto alrededor del resultado, pues para nadie era sorpresa que el mandatario subiera al poder por tercera vez, sino a la legitimidad del proceso electoral, manchado por múltiples acusaciones que lo tildaron de fraudulento. El escenario al que entra Nicaragua implica seguir dependiendo de la cooperación económica de Chávez, una cooptación más fuerte del Ejército y la Policía Nacional y la posibilidad de que su mandatario siga cambiando la Constitución para perpetuarse en el poder.
Los comicios presidenciales estuvieron precedidos de irregularidades, especialmente porque la candidatura de Ortega está doblemente prohibida por la Constitución Nacional, en el artículo 147. Sin embargo, en un polémico fallo, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral decidieron reformar la Constitución para inscribir la candidatura.
Aunque la oposición, encabezada por el liberal y empresario radial Fabio Gadea, se agarró de este hecho para alimentar sus campañas, no logró movilizar a la población a protestar masivamente contra las reiteradas violaciones a la ley.
Ortega tiene el favoritismo de los pobres, que son cerca del 45% de la población y se han visto beneficiados por la implementación de programas sociales realizados con la cooperación económica de Venezuela desde 2007.
La consolidación del régimen orteguista, según afirman analistas como Carlos F. Chamorro, director del semanario Confidencial de Nicaragua, requiere el apoyo económico permanente del gobierno de Venezuela. Sin ese apoyo el orteguismo, que se ha basado en estar del lado de los pobres, no es sostenible a mediano plazo. Sin embargo, hay dos factores que amenazan ese soporte económico con el que Ortega ha escalado en popularidad: primero, que el estado de salud de Chávez empeore. Segundo, que la oposición venezolana triunfe en los comicios de octubre de 2012.
Con la reelección, Nicaragua estaría dando vía libre al proyecto de su mandatario de promover cambios constitucionales para modificar el sistema político. Chamorro indica que estos cambios empezarían por establecer la reelección indefinida e institucionalizar el proyecto de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) dirigidos por su esposa Rosario Murillo. También se podría acentuar la cooptación del Ejército y la Policía Nacional, corriendo el riesgo de que ambas instituciones nacionales se conviertan en presidenciales, al servicio del caudillo y no de la ley.
El modelo de Ortega se autodefine como socialista, cristiano y solidario. Para Chamorro, “se trata de un modelo autoritario en lo político; pronegocios privados, en lo económico; y populista, en lo social; cobijado bajo una retórica revolucionaria y a la vez religiosa, que alimenta el culto a la personalidad en torno a Ortega y a la primera dama Rosario Murillo”.