Para ello, una de las reformas que alista el partido de cara al próximo año será la eliminación del llamado “arraigo social laboral”, por el que actualmente se entrega una tarjeta de residencia a cualquier inmigrante —sin importar si su estatus es ilegal— que tenga un contrato vigente de trabajo, no tenga antecedentes penales, haya permanecido al menos tres años en el país y logre demostrar lazos familiares con otros extranjeros residentes.
La reforma, que tendrá que ser debatida en un Congreso en el que el PP goza de la mayoría absoluta, podría afectar a 5’000.000 de inmigrantes —alrededor de 250.000 de ellos, colombianos— que residen en España.
El arraigo social laboral sería reemplazado por una figura de “migración circular”, que únicamente permitiría trabajar a quienes tengan un contrato o una oferta laboral, y sólo podrían hacerlo por los plazos que decida el Gobierno. La medida estaría acompañada por un control estatal que impida a las empresas contratar empleados con estatus migratorio en discusión.