El presidente de Yemen, Alí Abdalá Saleh, es el cuarto mandatario que deja el poder tras ser presionado por los levantamientos populares —conocidos como la Primavera Árabe— que este año ya habían derrocado a los autócratas de Túnez, Egipto y Libia. La salida de Saleh, que durante más de tres décadas controló su país, abre posibilidades para que Yemen supere la crisis socioeconómica en la que está sumergido desde que estalló el grito de la oposición y sirve como advertencia a mandatarios que aún se aferran a su trono en otros países árabes.
El plan de las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que fue firmado por Saleh durante una ceremonia realizada ayer en Riad, implica que el mandatario entregará el poder a su vicepresidente Abedrab Rabo Mansur Hadi en un plazo máximo de 30 días. El presidente interino llamará a comicios presidenciales tres meses después de asumir como mandatario.
Yamal Benomar, enviado de la ONU para Yemen, indicó que una vez se cumplan los tres meses, el país entrará en un periodo de transición de dos años, en el que se formará un Gobierno de unidad nacional y un Congreso de diálogo que garantice la participación democrática de diversos sectores de la sociedad yemení.
La oposición, que el 27 de enero se volcó a las calles para exigir la renuncia de Saleh, lo acusa de corrupción y nepotismo. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenó la violencia gubernamental contra los manifestantes y llamó a Saleh para que firmara el plan del CCG, elaborado con el apoyo de EE.UU. y la Unión Europea.
El plan del CCG, sin embargo, prevé la salida del mandatario a cambio de la inmunidad para él, sus familiares y otros dirigentes de su régimen, por lo cual no podría ser juzgado por los supuestos crímenes perpetrados durante su mandato ni por la muerte de cerca de 200 manifestantes.
“Ni garantía ni inmunidad”, era la consigna de quienes ocupaban las calles de Saná tras ser notificados del acuerdo. Aunque celebraron la salida del dictador, los yemeníes seguirán exigiendo que sea sometido a un juicio justo. Además, dado que Saleh ya ha incumplido tres veces su promesa de renunciar, la noticia no fue recibida con muchas esperanzas.
Pero parece que esta vez la salida de Saleh no tiene vuelta atrás. El mandatario, después de firmar el acuerdo, dijo que siempre quiso traspasar el poder pacíficamente, pero que los partidos políticos lo rechazaron y se unieron a la oposición. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que Saleh pidió la ayuda de la organización en el proceso de transición y que, una vez abandone el poder, viajará a Nueva York para recibir tratamiento médico.
Así finaliza un periodo de estancamiento de la política yemení, aunque no está claro si la violencia seguirá imperando en las calles del país. La salida de Saleh es la cuarta advertencia para los autócratas de Siria, Bahréin, Marruecos y, ahora, la Junta Militar que controla Egipto, quienes enfrentan violentas manifestaciones en su contra.
En Bahréin, el rey Hamad ben Isa al Jalifa admitió ayer que hubo uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de la policía, así como la práctica deliberada de la tortura contra los detenidos en las protestas que sacudieron a su país en febrero y marzo. El rey aseguró que los oficiales implicados serán juzgados y prometió hacer reformas políticas para una reconciliación nacional.
En Marruecos, el Movimiento 20 de Febrero, inspirado en las revoluciones de Túnez y Egipto, planea boicotear las elecciones legislativas que se realizarán mañana, en el marco de su lucha contra el rey Mohamed VI, a quien acusan de aplicar “los mismos esquemas que el antiguo régimen despótico de Hasán II” y hacer reformas para perpetuarse en el poder.
En Egipto, la Junta Militar que sucedió a Hosni Mubarak, derrocado el 11 de febrero, y que prometió proteger a los manifestantes sigue reprimiendo las protestas en su contra. Los opositores, insatisfechos con que la Junta quiera anticipar los comicios presidenciales de julio de 2012 y esté dispuesta a hacer un referéndum para votar su salida del poder, exigen la salida inmediata de los militares, quienes según Amnistía Internacional están perpetuando y hasta excediendo las represiones instauradas por el régimen anterior.