A Gabriel González Arango lo detuvieron en 2006 y lo liberaron quince meses después, cuando fue declarado inocente de “rebelión”, delito del cual había sido acusado. Es miembro del Comité para la Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia y una de las voces que protagonizarán lo que promete ser una audiencia poco favorecedora para los intereses del gobierno Uribe, frente al Congreso de Estados Unidos.
Su caso es el de cientos de activistas de derechos humanos que aseguran vivir perseguidos en Colombia. “El Gobierno no acepta que hay un problema real de llevar a cabo procesos penales sin fundamento contra los defensores de derechos humanos”, argumentó a El Espectador Andrew Hudson, de la ONG Human Rights First, testigo en la audiencia.
También se escuchará a la relatora especial para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, quien visitó Colombia el mes pasado como parte de una investigación que será conocida en su totalidad el año entrante. Sin embargo, Sekaggya ya ha manifestado su preocupación por lo que ha calificado como un constante “patrón de hostigamiento y persecución” contra los defensores en el país.
La audiencia fue convocada por la Comisión para los Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que preside el demócrata James McGovern, una influyente y muy crítica voz en el Congreso.
Un año más
Por otra parte, el Congreso estadounidense dio a conocer un mensaje del presidente Barack Obama en el que anuncia que prorrogó un año más las medidas de “emergencia nacional” contra el narcotráfico procedente de Colombia. “Los narcotraficantes colombianos continúan amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, decía el mensaje.
Estas medidas especiales, que el presidente Bill Clinton impuso con una orden ejecutiva del 21 de octubre de 1995, se han extendido de manera rutinaria y continuarán en vigor hasta el 21 de octubre de 2010, cuando se deberá proceder a una nueva ampliación.
Esta medida bloquea todas las propiedades e intereses, en EE.UU. y sus territorios, de los nacionales y extranjeros que tengan vínculos con el narcotráfico colombiano.