El recibimiento no pudo ser peor. Mientras el expresidente Rafael Correa hacía campaña por el No en la cabina de Radio Mágica, en Quinindé, norte de Ecuador, la gente que en la calle gritaba “siete veces sí” atacó con huevos y basura a la camioneta en la que el exmandatario se movilizaba por el país. No era la primera vez que la caravana de Correa dejaba un rastro de altercados. Los medios del vecino país recogen al menos siete episodios en los que los carros que transportaban a Correa, o los detractores del expresidente que gritaban arengas a su paso, resultaron afectados por ataques violentos.
La tensión se empezó a disolver con la entrada en vigor de la ley seca y los cierres de campaña, pero tanto la OEA como el presidente Lenín Moreno alcanzaron a hacer llamados a la calma en las vísperas de una jornada que, desde ya, promete acentuar la polarización en el vecino país.
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La consulta popular impulsada por el presidente tuvo un camino tortuoso. El 26 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano cerró la convocatoria en la que los ciudadanos propusieron las preguntas que se querían someter a consulta.
El gobierno de Moreno redujo a siete los puntos que se pondrían a consideración de los ecuatorianos, pero antes de convocarlos a las urnas se saltó el paso en el que la Corte Constitucional tenía que darle el visto bueno a cada una de las preguntas de la consulta, un detalle que no ha pasado desapercibido para Rafael Correa, quien, convertido en su adversario político, no ha parado de calificar el proceso como inconstitucional.
Correa, que puso fin a su retiro de la política y regresó de Bélgica para hacer campaña por el No, sería uno de los principales afectados por un triunfo de Moreno en la consulta popular, que en uno de sus puntos les pregunta a los ecuatorianos si quieren prohibir la reelección presidencial indefinida, un mecanismo que Moreno ha calificado como “aberración política”, pero que para Rafael Correa representa la posibilidad de participar en la contienda por la Presidencia en 2021.
Una respuesta afirmativa en ese punto de la consulta desembocaría en una reforma constitucional. Lo mimo ocurriría con la pregunta que, de recibir el visto bueno del electorado, provocaría la muerte política de los funcionarios acusados de corrupción. El principal afectado por una reforma de este tipo sería Jorge Glas, quien llegó a la Vicepresidencia como fórmula de Moreno y era una de las pocas figuras en el Gobierno que permanecía fieles a Correa después del distanciamiento entre los mandatarios. Glas fue condenado a seis años de prisión por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
También reformaría la Constitución la pregunta que plantea reformar el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo creado por la Constitución de 2008 y que, entre otras cosas, está encargado de elegir al fiscal general, el contralor y el procurador. El llamado “quinto poder” de Ecuador está controlado por personas fieles a Rafael Correa, por lo que su intervención, junto con las investigaciones por corrupción que se vienen abriendo contra funcionarios de su gobierno y en las que él mismo ha sido llamado a dar declaraciones, debilitarían todavía más su posición en la política ecuatoriana.
“El retorno de Correa tiene que ver con su propia supervivencia política. Sabe que, en caso de no ganar, al menos a corto plazo su posibilidad electoral va a estar vedada”, le explicó a la AFP el politólogo Santiago Basabe.
Sólo una de las siete preguntas de la consulta popular no tiene relación directa con la administración de Correa y con sus posibles aspiraciones presidenciales: la relativa a la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad. El quinto punto de la consulta se refiere a la posibilidad de limitar el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las determinaciones más polémicas de la administración Correa y por la que Jorge Glas está siendo investigado por la presunta atribución ilícita de permisos de exploración y explotación en el área protegida.
En la misma línea de la protección del medio ambiente está la pregunta que, de recibir una respuesta afirmativa, permitiría prohibir la extracción minera en “áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”.
Tan pronto llegó al poder, con el respaldo del partido oficialista Alianza País, Lenín Moreno empezó a alejarse de Rafael Correa argumentando que Ecuador necesitaba dejar atrás la polarización de diez años ininterrumpidos de su antecesor en el poder. Desde esa perspectiva se puede comprender la pregunta por la derogación de la ley de plusvalía, una medida aprobada en marzo de 2016 pasado y con la que, entre otras cosas, se establece un impuesto para los dueños de terrenos baldíos equivalente al 75 % sobre el valor del predio. Sin embargo, está por verse si la apuesta de Moreno por una consulta popular le va a servir para dejar atrás la polarización.
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La tensión con la que se desarrolló la campaña habla de un país dividido y el historial de Correa en este tipo de contiendas electorales no apunta a un panorama alentador para Moreno.
Para los ecuatorianos, votar en una consulta popular como la que se celebrará el 4 de febrero no es nada del otro mundo.
Durante los diez años en los que Rafael Correa estuvo al frente del país, el mecanismo de participación se puso en marcha en varias ocasiones, la última de ellas en 2017, cuando Correa les preguntó a los ecuatorianos si se les debía prohibir a los funcionarios tener bienes o inversiones en el exterior. Le dijeron que sí, así como recibió un resultado positivo en 2008 y 2011 cuando los ecuatorianos apoyaron la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Carta Política que se redactó en consecuencia.
Al cierre de la jornada del domingo, más que tener claro si la polarización ecuatoriana puede o no llegar a su fin, los ecuatorianos van a saber si el expresidente Correa puede mantenerse invicto en las urnas, aun sin contar con la ventaja que le daba la banda presidencial.