Las tres caminaban por un monte, escapando de un operativo del ejército salvadoreño en la localidad de Chalatenango. Era 1982, El Salvador vivía un sangriento conflicto armado. Supaya escuchó tiros, escondió a las niñas y buscó refugio. Al regresar a buscarlas, ya no estaban.
Después supo que testigos vieron cómo soldados se las llevaron en un helicóptero. Nadie supo más de ellas.
Casi 30 años pasaron desde la desaparición de las niñas Serrano Cruz y no hay una investigación seria al respecto. “Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más . Tengo la esperanza que las voy a volver a ver”, dice Supaya.
Hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos, establecido en 1983 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, para informar sobre los miles de detenidos sin acceso a sus familias o representantes legales en el mundo.
En más de 30 años trabajando con Amnistía Internacional en América Latina, conocí muchas personas como Supaya. Madres, padres, abuelos y hermanos que recorren tribunales, manifestándose con fotos gigantes, siguiendo pistas y golpeando puertas en sus países y en otros.
Muchas cosas han cambiado desde mis viajes a Chile y Argentina en los 70. A casi tres décadas del fin de las últimas dictaduras latinoamericanas, y en los años más recientes, comenzamos a ver avances hacia la justicia.
En Perú, por ejemplo, miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron declarados culpables de 15 homicidios y otras 10 desapariciones forzadas, cometidos en 1991 y 1992.
En Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por 11 desapariciones forzadas en 1985, después de que el Ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el M-19 tenía rehenes.
En otros países, sin embargo, las cosas no han avanzado. Brasil se niega a derogar una Ley de Amnistía de 1979 que no permite que cientos de torturas, asesinatos y desapariciones sean investigados. Mientras que en Estados Unidos, los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en la “guerra contra el terror” no rindieron cuentas.
No es casual que las desapariciones continúen siendo una realidad en América. Cuando los responsables de los abusos no son llevados a la justicia y castigados, esos abusos vuelven a cometerse.
En 2007 las Naciones Unidas acordaron con la mayoría de países de América Latina la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, que obliga a prevenir estas violaciones, iniciar investigaciones cuando se cometen y llevar a los responsables a la justicia. Para que este acuerdo sea útil, es imprescindible que los estados lo practiquen.
“Es muy duro hurgar el pasado, pero lo que me mantiene viva es la esperanza de que algún día mis hermanas y yo nos volveremos a ver”, dijo Supaya.
Esa esperanza es lo único que queda cuando alguien pierde a un ser querido sin saber qué pasó. Cuando se les quita el derecho a un entierro, a saber si viven o no. Cuando no les queda más opción que pasar cada día preguntándose: ¿dónde están? Pero no están solos, nunca los dejaremos solos.
* Asesor especial de Amnistía Internacional.