Casi cinco años de guerra contra el crimen organizado. Alrededor de 45.000 muertos y la violencia en aumento. El gobierno mexicano, con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, arresta o abate prominentes capos, lo cual divide a los cárteles y propicia frecuentemente la aparición de nuevas y más pequeñas organizaciones criminales. Con esto, el gobierno federal logra su propósito de “desmantelar” a los cárteles. Pero esta fragmentación de las organizaciones mayores expande la violencia a nuevos municipios. Junto con la violencia crece la delincuencia: la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el narcomenudeo, el robo de automóviles y bancos.
El gran interrogante en estos momentos es si el gobierno mexicano logrará desmantelar también a las tres grandes organizaciones delictivas del país: Sinaloa, Zetas y Golfo. Sinaloa experimentó el desprendimiento de los Beltrán Leyva y Golfo perdió a su mortífero brazo armado, Los Zetas, que se convirtieron ahora en su peor enemigo en varios estados del país, particularmente en Nuevo León y Tamaulipas. Con todo, estas tres organizaciones, hoy con menos rivales, parecen encontrarse en forma para continuar administrando el redituable negocio de tráfico drogas a Estados Unidos.
El desmantelamiento de Sinaloa, Zetas y Golfo es un objetivo difícil de alcanzar en el futuro inmediato dada la gran demanda de drogas por parte de Estados Unidos. Estas organizaciones estan dispuestas a invertir proporciones crecientes de sus utilidades en más personal, equipamiento y armas para defender su gran negocio. A lo que sí puede y debe aspirar México es a reducir la violencia que cada vez crece y se expande.
A la fragmentación de organizaciones criminales ha seguido un proceso de dispersión y expansión geográfica de la violencia, lo que implica nuevos desafíos para contenerla o disminuirla. Esto plantea un reto formidable a los gobiernos locales, pues las fuerzas federales se retirarán gradualmente de algunos estados y municipios donde los cárteles no representan más una amenaza a la seguridad nacional, para concentrar sus esfuerzos en combatir a las grandes organizaciones como Sinaloa, Zetas y Golfo. El retiro de los contingentes federales podría propiciar el aumento súbito y masivo de las actividades delictivas del fuero común, dada la flaqueza de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.
La principal consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia en México es que el combate a la delincuencia organizada se convertirá fundamentalmente en un problema de gobiernos locales. Por una parte, las fuerzas armadas y la policía federal no tienen la capacidad para desplegarse y desempeñar actividades de seguridad pública en todo el territorio y sus operativos son cada vez menos eficaces. El relativo éxito de los primeros operativos no ha podido replicarse tanto porque los recursos humanos y la capacidad de las fuerzas federales son limitados, como porque ahora enfrentan con más frecuencia pequeñas células delictivas elusivas, bien coordinadas, con un alto poder de fuego y arraigo en las localidades.
Dada la fragmentación de la delincuencia organizada, este último punto es especialmente relevante: las pequeñas organizaciones dejarán de ser gradualmente objetivos del gobierno federal. Las fuerzas armadas y la policía federal se concentrarán sólo en perseguir a las organizaciones mayores, que son las únicas que individualmente pueden representar una amenaza a la seguridad nacional (aunque colectivamente el gran número de pequeñas organizaciones representa también un desafío formidable a la seguridad pública del país).
Una segunda consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia en México es de carácter político. Para sectores amplios de la sociedad, la violencia antes era un problema que parecía lejano. En la medida en la que la violencia ya no está concentrada sólo en algunas regiones, observaremos una creciente movilización social, y una presencia central del tema en las agendas partidistas y en el contexto electoral. Como las autoridades estatales y municipales serán las principales responsables de hacer frente a este desafío, la creciente demanda social posiblemente tenga el efecto positivo de propiciar avances efectivos en la profesionalización de las instituciones locales de seguridad, procuración de justicia y de carácter judicial; y de rescatar las cárceles locales del control criminal.
¿Cómo reducir la violencia? Dada la escasez de recursos y capacidades, y ante el riesgo de que el homicidio y otros delitos vinculados con la delincuencia organizada sigan creciendo en México durante los próximos años, es necesario que las autoridades de este país se familiaricen con los objetivos, supuestos y acciones típicas de los programas anticrimen de carácter disuasivo que han sido exitosos en varias ciudades de EE.UU..
La estrategia punitiva se centra en castigar al mayor número de organizaciones criminales mediante la detención o el abatimiento de sus miembros, sin tomar en cuenta los efectos que estas acciones tendrán en los niveles de violencia. En contraste, una estrategia disuasiva se centra en enviar mensajes a las organizaciones criminales para desincentivar su comportamiento violento y las acciones que tienen mayores costos en términos de vidas humanas y bienestar social. Comúnmente, la estrategia punitiva, al buscar castigar al mayor número de criminales, propicia una impunidad generalizada debido a la dispersión de sus limitadas capacidades y recursos en los ámbitos judicial y de procuración de justicia.
Alternativamente, una estrategia disuasiva, al concentrar sus esfuerzos en aquellas acciones que más lastiman a la sociedad, propicia que el sistema penal sea capaz de procesar con mayor eficiencia los casos más urgentes e importantes. Finalmente, con una estrategia punitiva el gobierno no puede administrar sus recursos y capacidades de manera eficiente, pues los aplica de modo disperso, sin objetivos ni prioridades claras. De aquí que las acciones que derivan de esta estrategia sean frecuentemente débiles y carezcan de impacto. En el caso de una estrategia disuasiva, los recursos se concentran y se administran de acuerdo a una clara jerarquización de objetivos y metas, por lo que sus efectos resultan más contundentes.
La estrategia actual de combate al crimen organizado del gobierno mexicano es fundamentalmente punitiva porque prioriza, tanto en las acciones como en el discurso, desarticular a todas las organizaciones criminales mediante detenciones y abatimientos de sus directivos. Esta estrategia de confrontación obliga a las organizaciones criminales a aumentar su poder de fuego y a usarlo tanto para hacer frente al gobierno como a las nuevas organizaciones rivales que aparecen como producto de la fragmentación de las mayores. Las organizaciones criminales saben que, independientemente del grado de violencia que ejerzan, son blanco de la estrategia punitiva del gobierno mexicano.
En este contexto de incertidumbre los criminales no tienen incentivos para abandonar la violencia. Por el contrario, la violencia ha aumentado y se ha dispersado. Si bien la estrategia punitiva ha sido exitosa en desarticular a sus organizaciones , los espacios dejados por las organizaciones desarticuladas han sido rápidamente ocupados por un mayor número de organizaciones más pequeñas y violentas. Por lo tanto, lejos de haber recuperado espacios públicos, la estrategia actual ha provocado una disminución de la seguridad y la libertad de tránsito en extensiones territoriales cada vez más amplias.
* Miembro fundador de Lantia Consultores.