«Seamos sinceros: los acuerdos de Minsk no funcionan. No funcionan en ninguna parte y no se aplica ni un solo punto», aseguró este lunes Andréi Purguín, viceprimer ministro de la autoproclamada república popular de Donetsk, una región controlada por separatistas prorrusos que se ha convertido en un punto clave del conflicto en el este de Ucrania y cuya independencia no es reconocida por Occidente. Los acuerdos de Minsk contemplan un alto el fuego, el trazado de una línea de separación y la creación de una zona de seguridad entre el gobierno central de Kiev y los separatistas.
Este lunes la misión de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en Ucrania, encargada de supervisar la aplicación del alto el fuego firmado el 5 de septiembre, denunció la presencia de dos convoyes de 17 camiones militares cada uno, con armamento pesado, en Donetsk. Según los observadores internacionales, los vehículos «incluyen (piezas de) artillería y sistemas lanzaderas de misiles» Grad (Granizo), el arma más temida tanto por civiles como por combatientes en el este de Ucrania. El segundo convoy estaría compuesto por 17 camiones Kamaz, de fabricación rusa y sin placas de matrícula, una docena de los cuales trasladaban cañones Howitzers de 122 mm, señala el comunicado.
La OSCE no indicó la pertenencia de esos equipos y tropas, “pero los militares ucranianos no tienen ninguna duda al respecto», declaró el domingo el portavoz militar Andri Lysenko, en una clara alusión a Rusia. Lysenko dijo, además, que temía «provocaciones» destinadas a «crear un pretexto para la introducción en el Donbass de las supuestas fuerzas de mantenimiento de paz rusas».
Los rebeldes niegan que se trate de armamento pesado procedente de la vecina Rusia y afirman que son refuerzos movilizados en diferentes bastiones rebeldes de Donetsk. El gobierno de Kiev, sin embargo, ha denunciado la incursión de tanques, blindados, cañones y tropas por carretera y por vía férrea desde Rusia a través de los sectores de la frontera bajo control de los milicianos prorrusos.
Tras estas denuncias el ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, advirtió que la «situación vuelve a ser grave» y llamó a ambos bandos y a Rusia a regresar al cauce de los acuerdos de Minsk. Steinmeier tenía previsto abordar el asunto con la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien instó el domingo a Rusia a asumir la parte que le toca de responsabilidad para prevenir «cualquier nuevo movimiento militar». El gobierno de Estados Unidos también advirtió que los intentos de los insurgentes de reconquistar territorios suponen una «flagrante violación» del protocolo y el memorándum de paz suscritos en septiembre pasado en la capital bielorrusa.
Una semana después de las elecciones separatistas organizadas en los territorios controlados por los rebeldes, crece el temor a que el alto el fuego quede totalmente anulado y que siga este conflicto que ha costado la vida a unas 4.000 personas en casi siete meses, según Naciones Unidas.
En Kiev es cada vez más común la opinión de que tras el crudo invierno las fuerzas gubernamentales recurrirán de nuevo a las armas para hacerse con el control de las zonas rebeldes en Donetsk y Lugansk. «Tarde o temprano debemos pasar a la acción. Hasta ahora hemos hecho todo lo posible para salvar la cara jurídicamente. Hemos intentado ser lo más fieles posible a los acuerdos y obligaciones asumidos», aseguró Markián Lubkivski, asesor del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. En su opinión, tras las elecciones separatistas del 2 de noviembre, el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, «tendrá que tomar decisiones difíciles» con el fin de que las zonas rebeldes vuelvan al redil estatal.
Los separatistas prorrusos, por su parte, pidieron un nuevo mecanismo de control de los acuerdos de paz de Minsk, ya que aducen que la OSCE no puede supervisar su cumplimiento. «Lo malo no son los acuerdos de Minsk. Lo malo es la ausencia de un mecanismo de control sobre su cumplimiento», dijo Purguín a las agencias rusas. La OSCE no dispone de facultades para ejercer «funciones de control» en la línea de separación entre las fuerzas gubernamentales y las milicias prorrusas, ya que «sólo tiene mandato de observación», subrayó. El dirigente separatista aludió indirectamente a las fuerzas de pacificación rusas, que realizan labores de intermediación desde hace 20 años entre Moldavia y su república separatista de Transnistria.