El terremoto que devastó al pueblo haitiano podría convertirse en una ganancia de pescadores en río revuelto si los países que han acudido en su rescate no encabezan las tareas de distribución y entrega de ayuda a la población; de lo contrario, esta tragedia sólo será la punta del iceberg de lo que se avecina para esta empobrecida nación. Debido a mi función consultar ante el gobierno de Haití y el tiempo que viví en la isla me atrevo a explicar las razones por las cuales la magnitud de la tragedia podría ser aún más grande y dramática, independientemente del actuar de la naturaleza.
La situación política en Haití se debate en una serie de enfrentamientos entre el partido que gobierna (familia Lavalas) y la oposición, donde unos y otros han generado una violencia arcaica, que permite que a plena luz del día se inmole a un ser humano vivo y encadenado con un neumático en su cintura sin la intervención de la policía, que solamente está al servicio del mandatario de turno.
El gobierno haitiano en todos sus niveles se mueve únicamente en la medida en que existan contraprestaciones económicas. No hay gestión, función o trámite que no esté amparado por la vacuna estatal. Un detenido, por ejemplo, puede acceder a la justicia si cuenta con una suma promedio de US$5 mil se distribuyen entre el ministro de Justicia, el Fiscal que lleva el caso, el Director de prisiones, el Director de la prisión local y el juez de conocimiento. Pero si se trata de capos del narcotráfico, como aconteció en el mes de septiembre de 2001 cuando cayó una avioneta con un cargamento de cocaína, a los quince días los dos tripulantes colombianos fueron liberados, previo el pago de US$300 mil con el aval de todas las autoridades.
Haití es el hueco del narcotráfico hacia Estados Unidos, hecho que el Departamento de Estado y la DEA conocen muy bien. La operación ilegal se desarrolla con lanchas rápidas que parten de Colombia o con “mulas” que sólo sirven de señuelo, hecho que se convirtió en la disculpa perfecta para que las autoridades y especialmente la policía presuman que los nacionales colombianos son sinónimo de narcotráfico y dólares fáciles.
La isla no posee infraestructura alguna, el alumbrado eléctrico es incipiente, no existe servicio de agua y alcantarillado. Quien necesite esos servicios esenciales debe proveérselos a través de terceros; las comunicaciones son muy precarias, con excepción del servicio de internet y telefonía móvil, que se encuentra en manos de multinacionales. La presencia de cascos azules y de ONG incrementa de manera ostensible el costo de vida y los nacimientos de niños haitianos sin padre.
El ciudadano haitiano promedio, que es el 85% de la población, se sostiene con un ingreso de US$50 centavos diarios, con los que debe proveerse de alimento que en ocasiones se traduce en un paquete de galletas o, en el mejor de los casos, un puñado de cereales hervidos en agua.
Los derechos humanos en la práctica son desconocidos. No existe un parque de diversiones para los niños. Puerto Príncipe sólo cuenta con dos salas de cine, el comercio es manejado por extranjeros, no existen industrias, el servicio de salud es paupérrimo y las escuelas se cuentan con los dedos de la mano.
La principal tragedia del pueblo haitiano es la corrupción galopante, acentuada por el abandono internacional, incluida Colombia, que nuestro presidente reclama como hermandad histórica, la misma que ignoró cuando dejó en el más completo abandono a nuestros nacionales con una función consular a distancia ineficiente que hoy vemos reflejada en los informes estadísticos del terremoto cuando no se sabe a ciencia cierta el numero de colombianos que allí residen.
* Último Cónsul de Colombia en Puerto Príncipe (2000-2002)