El Vaticano afirmó este jueves ante la ONU que no existe excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos «en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y personal de la iglesia».
«Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia», dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra.
Tomasi inicio la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU de Derechos del Niño, en lo que representa la primera oportunidad en la que la jerarquía de la Iglesia Católica participa en un escrutinio público centrado en los abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo.
Pese a lo anterior, el Vaticano negó haber obstaculizado las investigaciones judiciales sobre los crímenes de pedofilia cometidos por religiosos católicos en el mundo.
En una entrevista a Radio Vaticano, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi, rebatió la acusación de las asociaciones de víctimas que consideran que la iglesia «obstaculizó el trabajo de la justicia» contra los curas pedófilos.
Esa denuncia «me parece un poco privada de fundamento», dijo Tomasi.»La Santa Sede apoya el derecho y el deber de cada país de juzgar los crímenes contra los menores. La crítica de que está intentando interferir, obstruir, no se sostiene. Por el contrario, queremos que haya transparencia y que la justicia siga su curso», afirmó Tomasi.
También en declaraciones a Radio Vaticano, el padre Federico Lombardi, portavoz del papa Francisco, quiso deslindar las competencias de la Santa Sede en la aplicación de la Convención de la ONU de los derechos del niño, en vigor desde 1990.
Si bien la Santa Sede es parte de la Convención, «la Iglesia católica, en tanto que comunidad de fieles católicos dispersos por el mundo, no es parte de ésta de ninguna manera, y sus miembros están sujetos a las legislaciones de los Estados en los que viven y trabajan», afirmó.
«Los abusos sexuales en Irlanda, o los cometidos en el seno del movimiento de los Legionarios de Cristo, han sido casos en los que los países donde se han producido son competentes jurídicamente», añadió a modo de ejemplo.
Según el portavoz, «el derecho canónico propio de la Iglesia católica es muy diferente de las leyes civiles de los Estados». «La Santa Sede, por lo tanto, y en virtud de la Convención, no está obligada a responder a las demandas de información relativas a investigaciones efectuadas en base al derecho canónico».
Lombardi justifica así la negativa del Vaticano a responder al cuestionario que le envió en julio el comité de la ONU, sobre unas 4.000 investigaciones eclesiásticas que las diócesis han hecho llegar desde hace años a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Las asociaciones de víctimas ven en esa negativa un intento de encubrir a los autores de los crímenes, aunque la Santa Sede insiste en que su intención es proteger a los testigos y las víctimas