La idea de cambiar la Constitución para beneficiar de forma específica a un conjunto de ciudadanos para que sin concurso de méritos, como lo dispone ella misma, ingresen a la carrera administrativa, es no solo incoherente con la prevalencia del interés general que se invoca en el primer artículo de la carta política sino que se convierte en otro mal ejemplo de cómo se pretende que nuestras normas no defiendan el bien común.
La iniciativa de “Acto legislativo” que conciliaran el año pasado Cámara y Senado y que sancionara al cierre del año el Presidente, dispone que aquellos funcionarios que estuvieren ocupando cargos en “provisionalidad” desde el 2004, a los que se accede sin concurso y que suelen distribuidos con diversos criterios, pasen automáticamente a carrera administrativa.
Como si fuera poco, el mismo acto dispone la suspensión de todos los trámites de los concursos que se vienen adelantando y que tenían por objeto suplir mediante valoración técnica, los mismos cargos que hoy se pretende entregar de forma extraordinaria a quienes accedieron a él sin competir.
Existe ahora el grave riesgo de un sinnúmero de demandas contra la Nación por cuenta de los participantes de los concursos, que formando parte de la lista de elegibles, se encontraban esperando la posesión, con la tranquilidad de no haber tenido que recurrir a la “politiquería” para acceder a un cargo público.
Quienes fueron ponentes del proyecto, refieren que la idoneidad está probada por el hecho de haber permanecido en los cargos públicos durante más de 4 años, no obstante muchos de los que hoy se encuentran en esos cargos no lograron superar siquiera la primera prueba del concurso.
Nuestro Estado vive capturado, las regiones como el departamento del Meta, es prisionero de los “contratistas”, que prefirieron volverse políticos, antes que seguir repartiendo la torta, otras órbitas las captura la politiquería y ahora también los burócratas que sin competencia quieren “atornillarse” a los cargos a los que accedieron en “mínima lid”.