El Sistema Universitario Estatal (SUE) fue creado en 1992 por la Ley 30, aún vigente.
Está integrado por las 32 universidades estatales u oficiales del país, a las que comúnmente se les llama ‘públicas’. La agrupación tiene entre sus objetivos racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros que provee el Estado para el funcionamiento de sus universidades, y crear las condiciones necesarias para una autoevaluación compartida y permanente que les permita garantizar la calidad en los programas que ofrece. El SUE busca, además, fortalecer la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, el desarrollo conjunto de programas de investigación, la creación de programas académicos cooperados y la internacionalización de su oferta misional.
La instancia orgánica de mayor importancia y dirección del SUE es el Consejo Nacional de Rectores, el cual se ha convertido en espacio fundamental para discutir y concertar acciones que impulsen el desarrollo de la educación superior en todo el territorio nacional y en sus regiones. De su seno se elige un comité directivo que está compuesto por los presidentes de los ‘capítulos’ del SUE, que han sido establecidos de acuerdo con la distribución geográfica de las universidades. A este comité se le llama, precisamente, ‘comité permanente’, debido a la continua periodicidad de sus reuniones.
Las 32 universidades estatales del país tienen presencia, de una u otra forma, en la totalidad de las regiones. Sus sedes principales cubren al Distrito Capital y a 23 departamentos, pero, entre todas, mediante seccionales que van de San Andrés a Leticia, de Tumaco a Arauca, o a través de programas a distancia, irradian a todo el territorio nacional.
Las universidades estatales u oficiales se organizan como entes universitarios autónomos, de acuerdo con la Constitución y la ley, con régimen especial, pero vinculados al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. Por la misma Ley 30 de 1992, la Universidad Pedagógica Nacional posee, además, el carácter de asesora del MEN en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.
A este sistema universitario acude la mesa de negociación de La Habana para encargarle la responsabilidad de participar en la escogencia de los jueces que habrán de conformar el Tribunal de Paz, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Corte Europea de Derechos Humanos.
Ya el SUE ha dado respuesta positiva. Así mismo, se ha comprometido con un ‘decálogo’ que define su compromiso con la construcción de paz en Colombia. Dicha decisión abarca desde la disposición de los espacios universitarios y los instrumentos de la academia para promover el conocimiento y la reflexión frente a los acuerdos y su refrendación, hasta el acompañamiento a las víctimas y el aporte necesario a la modernización del Estado para el posconflicto y el fortalecimiento de los gobiernos locales.
El SUE se propone, igualmente, la intervención en los territorios para el logro de la paz con justicia social, la formación de excombatientes como gestores de paz, y la de ellos mismos, así como la de las víctimas y la de la población afectada por el conflicto, como técnicos, tecnólogos, profesionales y posgraduados al servicio del país. La apuesta se dirige, también, a la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz, a la investigación y el ejercicio académico para la paz, y al desarrollo de las universidades como territorios de paz.
La paz, como compromiso de todas y todos, lo es de la universidad estatal.
Rector Universidad Pedagógica Nacional