Gigantescas han sido las movilizaciones por la paz en todo el país. Importantes, también, los sectores sociales que las han impulsado: principalmente víctimas, indígenas, estudiantes.
Una marea que reclama con urgencia la pronta implementación de los acuerdos o la incorporación y aceptación inmediata de modificaciones sobre condiciones realistas y posibles. Manifestaciones de esta magnitud no se observaban en Colombia desde hace largo tiempo. El pasado miércoles 12 de octubre, la Plaza de Bolívar se llenó al menos tres veces: unos salíamos, otros entraban. Rectores de universidades estatales y privadas marchamos unidos por invitación de la Universidad Nacional. Centenares de estudiantes de las universidades públicas se movilizaron también para exigir un presupuesto que permita el funcionamiento adecuado y la formalización laboral en sus instituciones.
Con respecto a la paz, no solo el gobierno nacional tiene ahora el compromiso de atender esta petición formulada a grandes voces y firmes pasos; lo tiene también la oposición, porque el deseo de una paz estable y duradera es nacional, compartido, prácticamente generalizado. Las marchas han sido multitudinarias, incluso allí en donde triunfó el No en el plebiscito. Muchos de quienes así votaron o se abstuvieron, también han desfilado.
Sin embargo, conspira el tiempo contra dicho propósito. Si bien el cese al fuego bilateral y definitivo se mantiene, su fragilidad con el paso de los días es indiscutible. Resulta necesario, hoy más que nunca, buscar y alentar medidas que mitiguen o alejen la posibilidad de una ruptura. Favorece, desde luego, la apertura de negociaciones con el Eln, pero no es suficiente: deben emitirse mensajes claros y contundentes. En una y otra mesa, los puntos a considerar deben establecerse en forma precisa y abordarse sin dilaciones. El plazo para ello no puede extenderse indefinidamente. El momento, repetimos, es de grandeza.
La convicción por la dejación de armas en una y otra guerrilla debe alimentarse con hechos que la consoliden. Así, por ejemplo, algunos proyectos imaginados para el posacuerdo deberían implementarse desde ya: la formación educativa para los excombatientes, comenzando con aquellos que se encuentran detenidos, por ejemplo; la atención médica y la asesoría para el montaje de proyectos productivos. Así mismo, examinar las posibilidades de continuar con la concentración de las fuerzas insurgentes y con la amnistía general en los términos acordados es una tarea cuya viabilidad no debe descartarse. El avance en estos puntos ayudaría en esa perspectiva; la haría irreversible.
Al lado de ello, deben abordarse los mecanismos constitucionales para pasar de la incertidumbre a la confianza. Las cortes y el Consejo de Estado tienen en sus despachos algunas decisiones jurídicas que harían factible una luz al final del túnel. Los fallos frente a demandas o consultas formuladas desde uno u otro lado podrían convertirse en ocasión propicia para levantar jurisprudencias favorables al bien supremo que la Carta Magna pregona: la paz. El Congreso de la República, buscando la posibilidad seria y concreta de consensos o mayorías, podría ensayar, por su parte, soluciones que definan salidas legales para los acuerdos.
Pero, en este marco de configuraciones y perspectivas, lo más importante seguirá siendo la movilización: la presencia activa de organizaciones y sectores sociales participando en la decisión de su propio destino, en la construcción de paz para Colombia. La coyuntura no debe prestarse a equívocos. La movilización pacífica, inteligente, creativa, constante, aquí y allá, es requerida para fortalecer el anhelo de paz, para forzar su realidad como necesidad imperiosa. Si se quiere, es también una escuela para las nuevas formas de hacer política que el país debe emprender.<
* Rector Universidad Pedagógica Nacional