ESTÁ CIRCULANDO POR INTERNET en estos días el nuevo proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT) que el Gobierno presentará en poco tiempo al Congreso. No tengo claro si éste es el intento número 18 o el 19 para sacar adelante la ley que reglamente los artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991 en el campo territorial.
Una lectura de ésta última versión de la LOOT hace pensar que su tortuoso tránsito por el órgano legislativo nacional no acabará ni pronto, ni exitosamente. En vista que la actual estrategia de los impulsores de la ley de ordenamiento territorial parece ser la de presentar un texto muy general, para que no encuentre mucha oposición en el Congreso, esta será una ley de mínimos.
Algunos gobernadores sostienen que después de aprobada esa ley de ordenamiento territorial tan poco concreta, se buscará construir el andamiaje de la regionalización del país con una serie de leyes adicionales. De esa manera, piensan ellos, se podría convertir en realidad el que ha sido hasta ahora un sueño irredento para algunos sectores de la opinión pública de la Costa Caribe y de otras zonas de la periferia colombiana. Por este motivo, no debe sorprender que lo que se encuentra en la propuesta de LOOT que se someterá a la discusión de los congresistas sea lo que en la Costa Caribe se conoce como un agua de bollo, es decir el agua insípida que queda en la olla cuando los bollos de mazorca se calientan en agua hirviendo. Esa agua no sabe a nada, ni siquiera a bollo, pues éstos se calientan con su envoltura de hojas de maíz, la que resulta ser más o menos hermética.
¿Qué dice el agua de bollo legislativo que estamos comentando? La propuesta es bastante insulsa en el tema más esencial, el de las fuentes de financiación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), que pueden formar dos o más departamentos. Se dice en ese punto que las RAP podrán financiarse con los aportes de los entes territoriales que las conforman, los recursos que puedan obtener del gobierno central, las donaciones y el 1% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR). Los tres primeros tipos de financiación no constituyen recursos nuevos así que no justifican la creación de las RAP. Con respecto al 1% del FNR, cabe señalar que en 2010, por ejemplo, ese porcentaje representará una suma de unos 8.566 millones de pesos. Como, de acuerdo a la Constitución, se puede formar una región con al menos dos departamentos, habría potencialmente un máximo de 16 RAP en el país. Si a cada una se le da una suma igual, estaríamos hablando de 535 millones de pesos por RAP. ¿Se justificaría en ese caso tanto esfuerzo administrativo y político por parte de las regiones rezagadas del país? Personalmente, pienso que la respuesta es obvia. Es más, siento que es muy frustrante que se malgaste el limitadísimo poder político de la periferia en un gran esfuerzo cuyo premio será un agua de bollo, cuando ya hemos aprendido que en Colombia el sancocho, o más bien la bandeja, lo sirve es el gobierno central. Por esa razón resulta tan necesario acceder al Ejecutivo, si es que vamos a lograr algún día que este país logre un nivel de bienestar mínimo para todos sus habitantes, sin importar el lugar del territorio en donde se encuentren.