El establecimiento del puerto libre de San Andrés en la década de 1950 llevó a más de treinta años de un crecimiento demográfico y comercial desordenado.
En la era del proteccionismo más cepalino, los colombianos continentales teníamos que pagar enormes sobreprecios para subsidiar una industria nacional ineficiente. Por eso, la válvula de escape que fueron las pequeñas importaciones personales, libres de impuestos, a las que tuvieron acceso los colombianos continentales que viajaban a San Andrés representaron una magnífica oportunidad para comprar electrodomésticos, relojes, perfumes, chocolates y licores, a precios razonables.
El modelo de puerto libre fue muy negativo en lo ecológico, social, cultural (los raizales o nativos se volvieron minoría en términos cuantitativos), de desarrollo urbano, y por su impacto sobre la dirigencia local. En primer término, llegaron miles de trabajadores poco calificados durante el auge descontrolado de la construcción, quienes se convirtieron en el elemento demográfico fundamental de la isla. Otra consecuencia fue que el gobierno local se convirtió en el ente territorial con más ingresos per cápita del país, pues las mercancías que llegaban al puerto libre no pagaban impuestos nacionales, pero sí tenían un impuesto local del 10%, el cual enriqueció el fisco isleño. Una consecuencia de ello fue el aumentó exagerado del número de funcionarios públicos de la intendencia, restando interés a los profesionales raizales por trabajar en el sector empresarial.
A comienzos de la década de 1990 el gobierno de César Gaviria desmontó el modelo proteccionista en Colombia, y, por primera vez desde la década de 1930, los colombianos pudieron importar bienes de consumo a precios razonables. Por ese motivo, San Andrés perdió la fuente de su competitividad artificial y entró en una severa crisis, pues en ese momento carecía de competitividad en el sector turístico.
El fracaso del modelo de puerto libre era evidente. Pero no hubo que esperar mucho para que los ingenieros legislativos inventaran una nueva fórmula para distorsionar la economía isleña: el proteccionismo. Ello fue posible debido a que en la Constitución de 1991 se introdujo un artículo que estableció la posibilidad de controlar el poblamiento en el archipiélago, que se consideraba excesivo. En efecto, el artículo 310 de la Constitución autorizó a que la ley pudiera “limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia”.
Es por eso que si queremos ir a trabajar a San Andrés tenemos que pedir un permiso o visa para trabajar, el cual rara vez otorgan. De esta forma, evitan que llegue la gente más productiva, con mayor capacidad de innovación y de generar riqueza. ¿Qué va a producir este modelo proteccionista extemporáneo? Que sigan llegando personas con poca educación, pues al estar vinculados al sector informal poco les importan los permisos de la OCCRE (Oficina de Control de Circulación y Residencia). En el corto plazo, esto le va a servir mucho a la élite raizal, que obtendrá los mejores trabajos profesionales sin tener mayor competencia. Pero en el largo plazo, evitará que llegue la gente que en todas partes del mundo se busca: jóvenes bien educados, talentosos, con ganas de realizarse como empresarios y profesionales.