Todos sabemos que la Ley 100 de 1993 y el esquema de aseguramiento individual que introduce, implicó un cambio sustancial para el sector de la salud en Colombia.
Lo que muchos ignoran es que –según numerosos estudios académicos serios e independientes– dicho cambio, lejos de implicar el deterioro que pintan algunos observadores, es inmensamente positivo en términos no solo de cobertura, sino también en el acceso a los servicios y en la generación de mayor equidad.
Junto con estos logros ampliamente documentados, el gasto por habitante aportado por el Gobierno, medido en dólares de paridad, se duplicó entre 1995 y 2006 (de hecho, sube 104%). A manera de comparación, durante idéntico período, en Chile el rubro subió la mitad respecto del nuestro (50.4%) y en Singapur la tercera parte (33.7%). Por otro lado, en Colombia el gasto total se mantiene en 7.3% del PIB durante el período, mientras que baja tanto en Chile (de 6.3% a 5.3%) como en Singapur (de 3.6% a 3.4%).
Un cambio igualmente fundamental es el siguiente: de los US$446 de paridad que los colombianos gastamos por habitante en 1995, el 41% fue aportado por los usuarios del sistema. En el 2006, en contraste, lo aportado por los usuarios cayó dramáticamente, llegando a 14.6%, dejando el 85.4% a cargo de los contribuyentes.
Otra vez, y para seguirnos ubicando, comparemos nuestro 14.6% internacionalmente. En 2006 los chilenos gastaron US$697 de paridad por habitante, un poquito más que nosotros (US$627), pero la proporción aportada por los usuarios es 47.3% tres veces más alta que la cifra colombiana. En Singapur gastaron US$1226 de paridad por habitante, mas o menos el doble que Chile y Colombia, y lo aportado por los usuarios es la bicoca de 66.4%, casi cinco veces lo observado acá.
De esta manera, podemos afirmar tres cosas. Primero: diversos estudios de sobresaliente nivel técnico y cero sesgos ideológicos muestran que el sistema de aseguramiento individual y el esquema de subsidios a la demanda ha producido toda una revolución silenciosa en materia de avance y progreso social para Colombia.
Segundo: el gasto en salud, como porcentaje de nuestro ingreso (7.3%), no es un asunto de poca monta. Tercero: el aporte de los usuarios al financiamiento del sistema (14% y en caída libre) es muy bajo y se parece –o es incluso menor— a lo observado en países donde impera la figura del proveedor único como Canadá (29.6%), Cuba (9.3%) y el Reino Unido (12.6%).
Es bastante claro, pues, que nuestro sistema de salud es, para todo efecto práctico, un sancocho que mezcla aseguramiento individual y capitación con socialismo venteado. En virtud de lo primero, casi todos los colombianos poseemos hoy un plan básico de salud y somos ejemplo mundial en materia de resultados, sobre todo en el caso de la población más pobre. En virtud de lo segundo, se ha eliminado casi por completo la noción de responsabilidad individual que fundamenta cualquier seguro bien concebido, desvinculando financieramente al usuario respecto del servicio y gestando una complejísima institucionalidad cuya implicación más discernible es su pasmosa capacidad para producir, sin amarra y sin mesura, cuentas por cobrar.
El futuro de nuestro sistema de salud está en una encrucijada que deberá resolverse en los próximos pocos meses. Lo aconsejable es construir sobre los cimientos aportados por el esquema de aseguramiento individual, sin duda la parte más exitosa que ha tenido la política social de los últimos veinte años. El peor error, de otra parte, sería devolverle a nuestros progresistas la alegría de gerenciar, como en los viejos tiempos, un monopolio estatal incapaz de generar resultados sociales.