Unos días antes de la Cumbre de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual, incluyó a Colombia en su lista negra.
El asesinato del líder campesino Manuel Ruiz es solamente el último ejemplo de la grave violación de derechos humanos. El asunto no es la ausencia o la debilidad del Estado, sino la calidad y esencia de la democracia neoliberal de Colombia.
A finales de marzo, Manuel Ruiz, de 56 años, junto con su hijo Samir, de 15 años, fue secuestrado, torturado y finalmente asesinado por las ‘Águilas Negras’. El campesino era la memoria viviente de la historia de la propiedad de las tierras y del desplazamiento forzado en su región. Por eso su liderazgo era clave en el proceso de restitución de tierras.
Este tipo de asesinatos es un incómodo recordatorio de que la violencia en Colombia sigue siendo una forma privilegiada para manejar negocios, de que el proyecto de modernidad aún descansa sobre la violencia.
Este tipo de asesinatos no es tanto el signo de un Estado frágil o ausente sino más bien de la existencia de un pluralismo violento, que opera como expresión clave de las relaciones de poder y de intereses. Es, en este sentido, violencia política.
La historiadora Mary Roldán, originaria de Antioquia, argumenta que la violencia en Colombia se sustenta en dos interpretaciones inconmensurables de la esencia de la democracia. Una primera versión propone una definición confinada: es decir, limitada a la competencia electoral ordinaria que es administrada por partidos organizados jerárquicamente. Redes clientelares y el manejo del poder controlado por jefes políticos son expresiones de esta versión limitada de la democracia.
La versión alternativa de democracia, en cambio, destaca transparencia, descentralización y consenso. Históricamente, en Colombia, esta segunda versión ha sido interpretada como un desafío al Estado, a los intereses del statu quo y finalmente como una amenaza a la democracia. De hecho, la historia de los movimientos sociales en Colombia es una historia de sangre y aniquilación.
El gobierno de Juan Manuel Santos, que puede ser visto como un gobierno reformista y de transición (¿hacia la paz?), parece moverse entre estas dos versiones de democracia. El presidente interpreta la primera versión cuando, por ejemplo, dice que él, y sólo él, tiene en sus manos la llave de la paz. Parece favorecer la segunda interpretación cuando, por ejemplo, promueve el proceso de restitución de tierras. En esta ambivalencia “santista”, quizás dictada por un supuesto realismo pragmático, está a la vez el límite y la oportunidad que tiene Colombia con este gobierno.
Con su énfasis en participación e inclusión, la Constitución del 91 pretendió marcar el fin de un Estado de sitio que caracterizó los años del Frente Nacional. Pero sus aspiraciones todavía no se han realizado. La muerte de Manuel Ruiz es sólo una evidencia más. El camino hacia la paz es necesariamente el camino que favorece a una democracia incluyente y participativa. Rechazar y renunciar a la violencia no será el resultado de este camino, sino su primer paso.
Twitter: @acivico