Quizás nunca antes la distancia entre el expresidente Álvaro Uribe y Washington ha sido más visible como lo ha sido en las últimas 48 horas.
Mientras Uribe se ha dedicado con creciente angustia a despertar las ansias sociales de los colombianos, agitando el fantasma de que el terrorismo se va a tomar al país, el presidente Barack Obama en La Habana, al lado del presidente Raúl Castro, se declaró optimista con respecto al proceso de paz y agradeció al gobierno de Cuba por facilitar los diálogos con la guerrilla. Como si no fuera suficiente, el secretario de Estado, John Kerry, se reunió a puertas cerradas con la delegación de las Farc y aseguró la disponibilidad de Washington para garantizar la seguridad a los guerrilleros que dejen las armas.
Las declaraciones de Obama en Cuba y la reunión de Kerry con las Farc no podían ser una señal más clara e inequívoca del apoyo que hoy Estados Unidos garantiza al proceso de paz, y de la confianza que Washington tiene sobre la posibilidad de firmar pronto un acuerdo de paz. Es una postura tan explícita y concreta que ni la victoria de un candidato republicano podría invertir su posición. La firma del acuerdo de paz con las Farc es para Washington una prioridad estratégica en el hemisferio occidental.
En este contexto, el expresidente Álvaro Uribe aparece cada vez más aislado, y su invitación a marchar el próximo dos de abril parece en realidad un acto de desesperación y de pánico político.
Además, hoy Uribe está fuera de sintonía con Estados Unidos, no solamente sobre el proceso de paz, sino también por su tentativa de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía que hoy tiene en la mira a varios de sus familiares. De hecho, hasta los niños saben que no es la democracia de Colombia lo que preocupa al expresidente, sino el destino judicial de su hermano Santiago, y quizá también el de sus hijos.
Efectivamente, detrás de la intención de la marcha está la tentativa de Uribe de entorpecer el clima y dificultar la labor de la justicia para aclarar la responsabilidad de su hermano Santiago en promover el paramilitarismo en Antioquia. Más que defenderla, la marcha empujada por Uribe busca debilitar la democracia.
Escribo esto porque en Italia, cuando la justicia empezó a perseguir a los políticos aliados a la mafia en Sicilia y a los políticos corruptos en Milán, una multitud de ciudadanos que se identificaban con la cultura de la legalidad se tomaron las calles para acompañar a los fiscales con su solidaridad, y no para deslegitimar su labor. Por el contrario, Uribe se apropia de una forma de protesta utilizada por los oprimidos para defender los intereses particulares (y posiblemente criminales) de unos poderosos.
Construir el posconflicto significa también declarar el fin de la impunidad, sobre todo para los que se beneficiaron de alianzas entre la política y el crimen organizado, entre empresa y mafia. Por eso Colombia necesita hoy un Estado de derecho fuerte. Algo en lo cual el expresidente no está interesado, y este es otro asunto que hoy distancia aún más a Uribe de Washington.