La democracia paga un precio muy alto cuando no hay real separación de poderes. Por eso, el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación ha generado muchas dudas e inquietud.
No le sirve al país que haya confusión entre quienes controlan y los que deberían ser controlados. De hecho, una relación sana entre poderes radica en sus respectivas independencias. Desafortunadamente, el nuevo fiscal general, que varios observadores han rebautizado como “el fiscal del poder”, da la idea de una relación incestuosa, o por los menos promiscua, entre los poderes, donde los roles se intercambian con demasiada desenvoltura.
La justicia debería tener autoridad moral para perseguir corruptos y corruptores. Eso solo puede pasar si hay una rama judicial que es independiente. De lo contrario, la promiscuidad de los poderes termina por fomentar y perpetuar un ambiente que favorece a la corrupción y al clientelismo.
Esto es aún más inoportuno en un momento de transición histórica como el que hoy enfrenta Colombia. De hecho, para romper el ciclo de violencias el acuerdo con las Farc por sí solo no va a ser suficiente, aun si es necesario. Tampoco garantiza la seguridad la militarización de áreas marginales de las grandes ciudades, aunque quizás dé resultados a corto plazo. En cambio, para romper el ciclo de violencias hay que romper aquellos patrones que han permitido la relación perversa entre política e intereses particulares.
Para lograr eso hay que declarar la guerra a la corrupción. Hay que cortar los vínculos entre política y negocios, así como entre política y poderes criminales. Eso es posible solamente si está garantizada la independencia de la rama judicial. Desgraciadamente, el nombramiento de Martínez no ofrece garantías en este sentido.
Como recientemente lo ha afirmado uno de los fiscales anticorrupción de la operación Manos Limpias en Italia, Piercamillo Davigo, la corrupción política es la causa de la expansión del crimen organizado y del poder mafioso, al mismo tiempo que degrada la vida civil. “La clase dominante de este país —dijo Davigo refiriéndose a Italia— cuando comete un delito, genera un número de víctimas incomparablemente más alto que cualquier ladrón de la calle y hace un daño más grave”.
Quizás son palabras que resuenan también en Colombia, que hoy no necesita un fiscal del poder, sino un fiscal que limpie el poder de los corruptos. Respaldando a Martínez, el presidente Santos mostró más interés en asegurar los intereses de los poderosos que la vitalidad democrática del país.
Porque cuando la justicia depende de la política y está subordinada a su poder, terminan perdiendo tanto la justicia como la política. Pierde la democracia. Pierde el país.